Los productores de arroz encendieron las alarmas por la difícil situación que atraviesa el sector en Colombia. A través de una carta abierta enviada desde el municipio de Campoalegre, en el Huila, el gremio solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, incluir dentro de su agenda de gobierno una serie de medidas orientadas a aliviar la crisis económica que afecta a miles de agricultores del país.
En el documento, los arroceros advierten que el incremento en los costos de producción ha reducido considerablemente la rentabilidad del cultivo. Explican que el aumento en el precio de los insumos, la mano de obra, los fertilizantes, el transporte y otros gastos asociados a la actividad agrícola ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de numerosos productores, quienes aseguran enfrentar un panorama cada vez más complejo.
El gremio manifestó que, de no adoptarse acciones oportunas, muchos agricultores podrían verse obligados a abandonar el cultivo, lo que tendría un impacto directo sobre la producción nacional y el abastecimiento de arroz en Colombia.
Entre las principales solicitudes presentadas al próximo Gobierno figura la reactivación del incentivo al almacenamiento, mecanismo que permitiría regular la oferta durante las épocas de cosecha y evitar una caída en los precios que reciben los productores. Asimismo, pidieron retomar un proyecto legislativo radicado en 2022 para reconocer hasta el 30 % de los ingresos como costos de mano de obra y revisar la Resolución 532 de 2024 de la UGPP, al considerar que la metodología actual incrementó la base para liquidar los aportes al sistema de seguridad social.
La carta también propone fortalecer el Fondo de Solidaridad Agropecuario mediante mayores recursos para la compra de cartera y la refinanciación de deudas, además de eliminar los reportes negativos en las centrales de riesgo para quienes accedan a estos mecanismos de apoyo financiero.
Los productores solicitaron igualmente reforzar los controles a las importaciones de arroz, especialmente las provenientes de Ecuador, intensificar la lucha contra el contrabando y respaldar el proyecto de ley que busca crear un Fondo de Estabilización de Precios para disminuir la volatilidad del mercado.
Finalmente, pidieron revisar la metodología utilizada para calcular la Tarifa por Utilización de Agua, cuyos incrementos comenzaron a aplicarse desde 2025, así como ajustar el sistema de actualización de los avalúos catastrales y del impuesto predial rural. A juicio del gremio, estas medidas contribuirían a aliviar la carga económica del sector, proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento de arroz para los colombianos.
