La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y otros dos exfuncionarios de la entidad por presuntas irregularidades en un contrato de logística por $5.000 millones, suscrito para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña durante 2022.
La decisión del Ministerio Público también vincula al exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y al exsubdirector general de la entidad y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Víctor Andrés Meza Galván.
De acuerdo con la Procuraduría, la investigación busca establecer si durante la estructuración y ejecución del contrato se presentaron posibles irregularidades que comprometieran los principios de transparencia, planeación y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal advirtió que existen elementos que permiten presumir posibles deficiencias en la etapa de planeación del contrato. En ese sentido, el organismo de control pretende verificar si los estudios previos fueron elaborados de manera adecuada y si las necesidades que dieron origen al proceso contractual estuvieron debidamente justificadas.
Asimismo, el ente disciplinario analizará si el estudio de mercado y el análisis de precios realizados antes de la contratación fueron suficientes, razonables y verificables, con el propósito de determinar si el valor del contrato correspondía a las condiciones reales del mercado para este tipo de servicios logísticos.
Otro de los aspectos que serán objeto de revisión es la legalidad del proceso de selección del contratista, así como el cumplimiento de los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos para ejecutar el contrato.
Finalmente, la Procuraduría también evaluará la forma en que se desarrolló la ejecución contractual, con el fin de establecer si existió una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones pactadas, si los bienes o servicios fueron recibidos a satisfacción y si los pagos efectuados por el Estado contaron con la debida validación y soporte legal.
Con esta actuación disciplinaria, el organismo de control busca esclarecer si hubo responsabilidades por parte de los exdirectivos de la UNGRD en el manejo de los recursos públicos destinados a enfrentar una de las emergencias climáticas más importantes registradas en el país durante 2022.
