La liquidación del Ministerio de la Igualdad sigue avanzando después de que la Corte Constitucional invalidó la norma que lo creó y dejó a la entidad operando solo de manera transitoria. El cierre abrió incertidumbre laboral entre sus trabajadores y obligó al Gobierno a reorganizar tareas que, en parte, ya estaban en otras instituciones.
La Corte declaró inexequible la Ley 2281 y fijó un horizonte hasta 2026
El punto de quiebre fue la decisión del alto tribunal de declarar inexequible la Ley 2281 de 2023, que dio vida al Ministerio de la Igualdad y Equidad. La Corte concluyó que el trámite legislativo tuvo un vicio de procedimiento que consideró insubsanable.
Según esa determinación, el Congreso aprobó la creación de la cartera sin el análisis de impacto fiscal exigido. En otras palabras, la Corte sostuvo que no quedó expuesto con claridad cuánto costaba abrir el ministerio ni de dónde saldría su financiación.
Aun así, el tribunal permitió que la entidad continuara por un periodo temporal para evitar traumatismos institucionales. En ese mismo marco, fijó el año 2026 como límite para corregir el problema mediante una nueva ley.
El Gobierno intentó impulsar de nuevo el proyecto, pero no habría logrado consolidar el respaldo legislativo necesario, de acuerdo con el recuento del caso. Con ese escenario, la liquidación se convirtió en el camino que marca el pulso del cierre.
Presupuesto y ejecución: del tamaño del gasto a la lupa por resultados
El debate alrededor del ministerio no se quedó en lo jurídico. También se concentró en el tamaño de sus recursos y en el ritmo con el que se transformaron en programas y desembolsos.
Para 2024, la cartera tuvo una apropiación cercana a $1,5 billones. La cifra alimentó críticas desde el inicio, pero el foco se movió rápido hacia la ejecución: en el primer trimestre de 2024 se reportó una ejecución de inversión de 0 %, según reportes divulgados en ese momento.
Hacia finales de 2024, los cuestionamientos persistieron. Informes periodísticos señalaron que, con un presupuesto cercano a $1,8 billones, los desembolsos habían sido limitados y el gasto se concentraba en funcionamiento y nómina.
Esa lectura se extendió a 2025. De acuerdo con reportes conocidos en 2026, la ejecución de inversión habría cerrado en niveles cercanos al cerca del 5 %, un dato que volvió a poner en duda la capacidad de la entidad para acelerar políticas sociales con el volumen de recursos asignado.
La liquidación del Ministerio de la Igualdad deja el reto de reubicar programas y equipos
Otra discusión de fondo gira en torno a las competencias. Antes de 2023, políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya estaban en el radar de entidades como Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.
El Gobierno defendió la creación del ministerio como una herramienta para dar visibilidad a poblaciones históricamente excluidas y coordinar una agenda de igualdad y equidad, con formulación de políticas y estrategias territoriales. Aun así, incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.
Con la liquidación en curso y protestas de trabajadores por la incertidumbre laboral, el cierre deja dos discusiones abiertas: la viabilidad de crear nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos y, en lo inmediato, cómo se redistribuyen funciones y programas en instituciones que ya existían antes de la cartera.
