La queja ante la Procuraduría presentada por Santiago Botero Jaramillo solicita que el Ministerio Público evalúe si abre una actuación disciplinaria contra el comisario de Familia Amin Francisco Sanabria Aislant, en Cartagena, por presuntas vulneraciones de garantías durante un trámite adelantado en su contra.
La queja busca control disciplinario sobre la actuación del funcionario
El escrito fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación por intermedio de su apoderada, la abogada Diana Paola Chavarro Gutiérrez. La solicitud apunta a que el ente de control examine la conducta del funcionario adscrito a la Comisaría de Familia Permanente Turno No. 1 de Cartagena, dentro de las actuaciones surtidas por esa dependencia.
En el documento, la defensa plantea que la revisión disciplinaria no pretende reemplazar el trámite de fondo. Su objetivo, sostiene, es que se verifique si la autoridad actuó conforme a los deberes del cargo y a las reglas que rigen este tipo de procedimientos administrativos.
Debido proceso, imparcialidad y reserva del expediente, entre los puntos señalados
Según la queja, durante el procedimiento se habrían presentado situaciones que podrían comprometer principios como la imparcialidad, la reserva del expediente y la transparencia. En ese marco, la defensa afirma que el debido proceso no se habría respetado plenamente a lo largo del trámite.
La petición pone el foco en las garantías que deben operar en actuaciones ante comisarías de familia. La argumentación sostiene que, si esas reglas se debilitan, se afecta la posibilidad de ejercer defensa en condiciones equilibradas y con el nivel de reserva exigible en expedientes en curso.
El reclamo por declaraciones a medios mientras el trámite seguía en curso
Uno de los ejes del reclamo se refiere a declaraciones públicas que, de acuerdo con el escrito, el comisario habría entregado a distintos medios de comunicación cuando el procedimiento todavía estaba en desarrollo. Para la defensa, esa exposición se dio antes de que Botero pudiera ejercer de manera plena su derecho a la defensa y presentar su versión ante la autoridad competente.
En esa línea, la queja advierte que el manejo público del caso pudo afectar la imagen personal y familiar del ciudadano y tensionar la presunción de inocencia. El planteamiento es que, sin una decisión definitiva sobre lo discutido, la divulgación externa de un expediente en trámite puede incidir en la percepción social del asunto.
Ahora, con la actuación ya presentada, la Procuraduría deberá analizar los argumentos y definir si existen méritos para iniciar una investigación formal u otra decisión dentro de sus competencias. El resultado de ese examen marcará si el caso avanza por la vía disciplinaria en relación con la conducta del funcionario señalado.
