Un grupo de familias de la comunidad indígena Embera Catío mantiene desde hace más de 15 días una protesta frente a las instalaciones del Ministerio del Interior de Colombia, en la sede Bancol, en Bogotá.
La manifestación, en la que participan principalmente mujeres y niños asentados en la UPI Florida, ha incluido bloqueos a las oficinas de la entidad y exigencias relacionadas con condiciones de vida y atención estatal.
Inicialmente, las familias solicitaron la instalación de varias mesas de trabajo para abordar temas como infancia y adolescencia, desarrollo económico, retorno, reubicación, permanencia en la ciudad y ayudas humanitarias. En respuesta, el Ministerio convocó encuentros los días 16, 17, 20 y 21 de abril, con participación de entidades del orden nacional y distrital.
Cambio de exigencias y ruptura del diálogo
Durante el desarrollo de estas mesas, las pretensiones de la comunidad cambiaron. Según el Ministerio, los manifestantes centraron sus demandas en el cambio de albergue, situación que derivó en nuevos bloqueos e incluso en agresiones contra funcionarios.
“El Gobierno ha mantenido canales permanentes de diálogo y ha ofrecido distintas alternativas institucionales”, indicaron voceros oficiales. Sin embargo, el 28 de abril los manifestantes se retiraron del proceso al considerar insuficientes las propuestas.
Entre las opciones planteadas, se mencionó la posibilidad de que la SAE facilitara inmuebles para reubicación, aunque el proceso tendría un plazo de entre tres y seis meses. Esta alternativa fue rechazada por la comunidad, que exige una solución inmediata.
Nuevos bloqueos y preocupación por menores
Ante la falta de acuerdo, se propuso convocar una sesión del SNARIV, pero los manifestantes exigieron que se realizara de inmediato. Tras la negativa, se retiraron de la mesa y retomaron los bloqueos. El 29 de abril, otros grupos Embera se sumaron a la protesta, afectando nuevamente el acceso a las instalaciones.
“El Gobierno es garante de derechos, especialmente de los pueblos indígenas, pero vemos con preocupación la instrumentalización de niños y niñas en estas protestas”, señalaron las autoridades, que también reiteraron la oferta del ICBF y la Secretaría de Integración Social para atender a la población infantil.
Las autoridades advirtieron que, aunque se respeta el derecho a la protesta, no se permitirá la vulneración de derechos de terceros, tras afectaciones a más de 1.200 personas dentro de los edificios.
