El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de un apartado del Decreto 415 de 2026 que disponía el traslado inmediato de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La decisión fue adoptada como medida cautelar mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad de la norma expedida por el Gobierno Nacional.
Posible contradicción con la ley
En su análisis preliminar, la corporación advirtió que el decreto podría contradecir lo establecido en la Ley 2381 de 2024. Esta ley permite el traslado de afiliados al régimen público, pero señala que los ahorros deben permanecer en las administradoras privadas hasta que el trabajador cumpla los requisitos para pensionarse. Según el tribunal, la reglamentación no puede modificar el alcance de una norma definida por el Congreso.
El apartado suspendido fijaba plazos de 20 días para trasladar el 50 % de los recursos y 10 días adicionales para completar el restante. Para el Consejo de Estado, estos tiempos resultaban insuficientes frente a la complejidad operativa y jurídica del proceso.
Medida para evitar efectos irreversibles
La providencia destaca que la suspensión busca evitar consecuencias difíciles de revertir si el decreto llegara a ser anulado. El tribunal explicó que, de continuar el proceso sin esta medida, el traslado de recursos podría ejecutarse antes de una decisión definitiva, afectando la eficacia del control judicial.
Asimismo, recordó que la facultad reglamentaria del presidente tiene como propósito hacer operativas las leyes, pero no modificar su contenido ni alterar decisiones del poder legislativo. En ese sentido, enfatizó en la importancia de respetar la jerarquía normativa y los límites entre las ramas del poder público.
Impacto en el sistema pensional
Con esta decisión, queda en pausa la instrucción que obligaba a trasladar el 100 % de los recursos hacia Colpensiones en plazos breves. La medida cautelar se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del proceso, tras lo cual el alto tribunal definirá si el apartado del decreto debe ser anulado de manera definitiva.
El caso se convierte en un punto clave dentro del debate sobre la implementación de la reforma pensional en Colombia y sus efectos sobre millones de afiliados al sistema.
