La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales del municipio. La investigación se centra en un posible abuso de funciones, relacionado con la firma de un acuerdo que le otorgaba al alcalde la facultad de modificar el presupuesto municipal, una atribución exclusiva del Concejo Municipal.
Los concejales involucrados en el caso son Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, quienes fueron elegidos para el periodo 2024-2027.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, el acuerdo firmado el 31 de enero de 2024 violó la Constitución, ya que el Concejo Municipal cedió una facultad exclusiva e indelegable. El Ministerio Público señala que la autorización otorgada al alcalde en el acuerdo fue ilegal, al no limitar las modificaciones presupuestarias en cuanto a objeto, cuantía y partidas. De este modo, el alcalde podría realizar traslados y adiciones de presupuesto sin restricciones.
La @PGN_COL formuló cargos contra el actual alcalde de 📍Campoalegre, Huila, Víctor Vargas, y siete concejales, por una aparente extralimitación de sus funciones al firmar un acuerdo donde le otorgaron facultades al mandatario para modificar el presupuesto https://t.co/aRiudnQUzU pic.twitter.com/4fxs4LvhLp
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 12, 2025
El ente de control enfatizó que los concejales investigados tenían la capacidad de interpretar correctamente las normas vigentes y las directrices constitucionales sobre las funciones del Concejo Municipal. En particular, resaltó que el alcalde no podía solicitar esas facultades transitorias, ya que la potestad de modificar el presupuesto corresponde exclusivamente al Concejo Municipal elegido por la ciudadanía.
En base a estos hechos, la Procuraduría calificó la actuación de los involucrados como una falta grave, cometida con culpa gravísima. La situación pone en evidencia las tensiones entre las funciones del alcalde y del Concejo Municipal, destacando la importancia del cumplimiento de la normativa para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
