El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar y evitar atentados contra candidatos presidenciales en el marco del proceso electoral cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026.
La medida busca reforzar las acciones de prevención ante las denuncias recientes de amenazas contra varios aspirantes.
El anuncio se produce luego de que el presidente Gustavo Petro revelara que, según información de la CIA, existiría un plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda. A esta alerta se sumó la advertencia del expresidente Álvaro Uribe, quien señaló un supuesto plan del ELN contra la candidata Paloma Valencia. Otros aspirantes, entre ellos Abelardo de la Espriella, también han reportado amenazas.
El Ministerio de Defensa informó que se activaron los mecanismos de inteligencia para verificar la información y evaluar el nivel de riesgo en cada caso. De manera paralela, se mantiene en ejecución el “Plan Democracia”, estrategia que articula el despliegue de la fuerza pública con otras entidades del Estado para garantizar las condiciones de seguridad durante la campaña y la jornada electoral.
La preocupación por la seguridad de los actores políticos se mantiene desde el atentado ocurrido en agosto de 2025 en Bogotá contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció meses después como consecuencia de las heridas sufridas. Ese hecho marcó un punto de referencia en las medidas de protección adoptadas para el actual proceso electoral.
