La directora nacional del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, afirmó que durante la gestión de Astrid Cáceres hubo más de 70 asesores en el despacho. La exdirectora rechazó los señalamientos y pidió una rectificación.
Asesores del ICBF bajo discusión
El cruce se produjo en medio de los cuestionamientos de Cáceres al presupuesto del ICBF incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027. La exdirectora sostuvo que la partida de 11,97 billones de pesos representa un recorte y planteó inquietudes sobre la continuidad de varias vinculaciones y subsidios.
Restrepo respondió desde su cuenta de X con críticas a gastos que atribuyó a la administración anterior. Además de los asesores que, afirmó, estuvieron en el despacho de Cáceres, señaló que existía una planta de 35 asesores.
La directora aseguró que algunos contratistas recibían honorarios cercanos a 15 millones de pesos mensuales más prima técnica. En su publicación también describió labores logísticas y de mantenimiento básico para uno de los asesores mencionados.
Otro de los puntos expuestos por Restrepo fue la continuidad de pagos por oficinas que, de acuerdo con las fotografías adjuntadas a su publicación, permanecían vacías. El señalamiento incluyó un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por esas instalaciones.
Cáceres pide soportes completos
Astrid Cáceres rechazó las acusaciones y solicitó a Restrepo una rectificación por “calumnias”. Afirmó que los señalamientos pueden verificarse mediante la planta de personal, contratos, actos administrativos, estudios de necesidad, registros presupuestales y otros documentos oficiales del ICBF.
La exdirectora sostuvo que no se deben presentar cifras aisladas ni mezclar funcionarios de planta con contratistas, omitir los periodos de vinculación o sus funciones, y usar esos datos para atribuir un despilfarro como un hecho demostrado.
Por esa razón, pidió que se divulguen los soportes documentales completos de las acusaciones, incluidos nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencias, funciones, estudios técnicos y contratos. Cáceres anticipó que la confrontación continuará en los estrados judiciales, mientras insiste en que la información institucional debe hacerse pública para contrastar las imputaciones formuladas por la dirección actual del ICBF.
