El Centro Democrático pidió investigar a fondo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tras la divulgación de documentos que apuntan a un presunto plan para instalar micrófonos y GPS en vehículos destinados a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. La revelación puso bajo escrutinio la actuación de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.
Vehículos de expresidentes bajo escrutinio
La controversia gira en torno al Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que incluyó a la DNI entre las entidades encargadas de asignar vehículos para los esquemas de protección de exmandatarios. Esa participación aparece en un informe de empalme elaborado en julio de 2026, después de la segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con una fuente humana citada en ese informe, la agencia planeaba equipar los automotores con dispositivos de grabación y rastreo. El señalamiento describe una intención, no acredita que los equipos fueran instalados ni que se hubiera vigilado a las personas protegidas.
El Centro Democrático sostuvo en un comunicado que herramientas estatales «habrían estado al servicio de la persecución política». El partido del expresidente Álvaro Uribe también pidió respuestas e investigaciones sobre los señalamientos de espionaje, intentos de influir en las elecciones y compras de equipos cuestionadas. Sus afirmaciones se refieren a las revelaciones sobre la DNI, no a resultados establecidos de una investigación judicial.
Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, cuestionó la intervención de una agencia de inteligencia en la asignación de vehículos de protección. Al referirse a la eventual preparación de los automotores para labores de seguimiento, señaló que sería difícil demostrar la intención de quienes participaron y consideró que la entidad actuaría fuera de sus competencias.
Auditoría de la DNI y contratos
Los cuestionamientos se suman a una auditoría forense de la DNI que examinó 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas. El informe concluyó que la entidad había perdido «confiabilidad» y describió problemas en sus sistemas y en el manejo de información reservada durante la administración Petro.
La auditoría también examinó un grupo cerrado llamado «Contrainteligencia del Estado», creado mediante el Decreto 1077 de 2024. El informe señaló que tuvo acceso a información crítica relacionada con la oposición y la campaña presidencial. Esas conclusiones forman parte de los hallazgos de la auditoría y no establecen por sí solas responsabilidades individuales.
Entre los asuntos expuestos en los documentos figura la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos. Un informe técnico de agosto de 2025 registró fallas que impidieron una prueba de vuelo por razones de seguridad; el contrato se encontraba en un proceso sancionatorio. Los cuestionamientos a la contratación son otra de las razones por las que el Centro Democrático reclamó una investigación.
El vicepresidente José Manuel Restrepo también solicitó una investigación de fondo sobre el presunto mal uso de la DNI. Por su parte, el contralor general Jorge Eliécer Laverde ordenó acciones de vigilancia y control fiscal sobre varios contratos de la entidad suscritos durante el gobierno Petro. Esa actuación constituye el paso concreto anunciado frente a los cuestionamientos sobre el manejo de recursos.
