Un juez de la República ordenó a la fundación Luz y Sonrisas, dirigida por la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentar en un plazo improrrogable de 48 horas un informe detallado sobre los recursos privados recaudados para atender a las víctimas del terremoto de 7,4 grados que afectó varias zonas del occidente del país.
La decisión judicial busca esclarecer cuánto dinero recibió la organización, cómo fueron administrados los recursos y cuál fue su destino, teniendo en cuenta que las donaciones estaban destinadas a respaldar a las comunidades damnificadas por la emergencia.
El requerimiento establece que la fundación deberá entregar información financiera congruente y verificable sobre los aportes recibidos y los mecanismos utilizados para canalizarlos hacia las poblaciones afectadas.
La controversia surgió luego de que sectores de oposición cuestionaran las cifras reportadas por la organización. Según los señalamientos, la fundación habría informado sobre la recepción de 17 millones de dólares, mientras que los anuncios públicos realizados por el presidente Abelardo de la Espriella daban cuenta de compromisos y aportes superiores a los 200 millones de dólares.
Esta diferencia generó interrogantes sobre la cantidad de recursos efectivamente recaudados, su administración y la distribución de las ayudas en los territorios afectados.
Con la orden judicial, se busca establecer si existe correspondencia entre los anuncios oficiales, las donaciones recibidas y los recursos que finalmente fueron destinados a la atención de los damnificados.
Ahora, la fundación deberá responder dentro del término establecido por el despacho judicial y aportar los soportes que permitan verificar la trazabilidad de los recursos.
