La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suspendió nuevamente la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tras la quinta recusación presentada contra el representante investigador Alirio Uribe Muñoz.
La petición fue radicada el 5 de marzo por la veeduría ciudadana Foro Colombia Libre, encabezada por Ana María Medina Polo, y debe ser resuelta antes de que el proceso pueda reanudarse.
Desde que inició hace 24 meses, la investigación ha estado suspendida por 12 meses debido a recusaciones presentadas por diferentes sectores de oposición.
En 2023, los congresistas Christian Garcés y Paola Holguín interpusieron recusaciones que frenaron el proceso durante cinco meses, pero fueron rechazadas. Posteriormente, en octubre de 2024, Garcés intentó una nueva recusación, desestimada en diciembre de ese año por la Comisión.
Aunque las recusaciones ya no tienen argumentos jurídicos o políticos sólidos, la ley obliga a suspender el proceso hasta que la Comisión de Acusaciones resuelva el recurso pendiente.
Mientras tanto, el triunvirato investigador, conformado por los representantes Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, no podrá adelantar ninguna diligencia.
En el tiempo en que ha estado activa, la investigación ha recopilado 56 medios de prueba, incluyendo documentos provenientes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación. Además, se han respondido 147 derechos de petición y tramitado 24 tutelas relacionadas con el caso.
El proceso avanza en medio de dificultades estructurales de la Comisión, entre ellas la falta de un sistema digital de consulta de expedientes, la ausencia de requisitos para la presentación de denuncias, la contratación temporal de asesores jurídicos y la dispersión normativa en el procedimiento de investigación y juzgamiento de aforados.
Para subsanar estas deficiencias, los representantes Uribe Muñoz y Jorge Eliécer Tamayo han impulsado proyectos de ley como el 110 y el 176 de 2023.
La nueva recusación fue trasladada de la Comisión de Ética a la Comisión de Acusaciones, único órgano competente para resolver este tipo de solicitudes. Según el marco normativo vigente, la Ley 600 de 2000 establece que mientras no se resuelva la recusación, el proceso debe permanecer suspendido.
Ante solicitudes ciudadanas que cuestionan el trámite de la investigación, los investigadores aclararon que el procedimiento tiene carácter constitucional, pues se fundamenta en el fuero de los aforados.
En caso de una eventual acusación, corresponderá al Senado determinar sanciones disciplinarias y, de ser necesario, trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia para un eventual proceso penal.
A pesar de los retrasos, la Comisión reiteró su compromiso de continuar con la investigación y tomar una decisión de fondo antes del cierre del presente semestre legislativo.
(Colprensa)
