El departamento de Chocó se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado tras el anuncio del ELN de un paro armado que comenzará el 18 de febrero a la medianoche y se extenderá hasta el 21 del mismo mes.
La declaración, emitida por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, llega en medio de una intensificación de los enfrentamientos entre este grupo armado y el Clan del Golfo, que han dejado a las comunidades en una situación crítica.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha expresado su preocupación por la situación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando el recrudecimiento de los combates y la alta presencia de minas antipersona en la región.
Según la mandataria, el 80% del territorio está minado, lo que pone en riesgo a la población civil. En su intervención ante la OEA, Córdoba detalló que las últimas 72 horas han sido marcadas por intensos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan.
El ELN, por su parte, justificó su paro armado al acusar al gobierno y las Fuerzas Militares de ser los principales responsables de la crisis humanitaria que afecta al Chocó. En un comunicado fechado el 15 de febrero, el grupo guerrillero señaló que el Estado ha favorecido el crecimiento de grupos ilegales como el Cartel del Golfo, contribuyendo a la expansión de la violencia en la región.
Además, la guerrilla señaló que la disputa por el control del Chocó es estratégica, debido a las rutas de narcotráfico y minería ilegal en la zona.
Este paro armado llega en un contexto de deterioro de la seguridad en el Chocó, que ha sido escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos. La suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, a raíz de la crisis en el Catatumbo, ha intensificado los enfrentamientos en la región. La violencia ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares, como sucedió en Istmina, donde 500 personas se desplazaron debido a los combates.
El ELN está regalando el gas mientras Petro lo está cobrando al 36%. pic.twitter.com/DAYy7mnwLQ
— Tian (@Tiann_H) February 15, 2025
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha alertado sobre la grave situación en el Chocó, especialmente en la región del San Juan, donde se reportan casos de reclutamiento forzado de menores, la instalación de minas antipersona y el confinamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La ONU instó al gobierno colombiano a implementar medidas urgentes para proteger a las poblaciones afectadas y evitar que la situación empeore.
En medio de esta crisis, la gobernadora Córdoba ha manifestado que la atención humanitaria es su principal prioridad, ya que debe destinar recursos a enviar alimentos, medicinas y otros suministros básicos a las comunidades afectadas. Sin embargo, también advirtió que el éxito de cualquier plan de desarrollo en la región depende de una transición hacia economías legales, ya que las economías ilegales son la principal fuente de poder para los grupos armados que operan en el Chocó.
La situación en Chocó sigue siendo desesperante. El paro armado del ELN y la falta de control por parte del Estado siguen alimentando la violencia y el desplazamiento forzado, dejando a la población civil atrapada en una crisis humanitaria sin solución inmediata a la vista.
