Un juez administrativo de Bogotá declaró en desacato al presidente Gustavo Petro por incumplir una orden judicial que le exigía retractarse y ofrecer disculpas públicas al gerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, en el marco de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela interpuesta por el directivo de la entidad de salud.
Orden judicial incumplida
De acuerdo con el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado en noviembre de 2025 que el mandatario se retractara en un plazo de cinco días tras la notificación de la sentencia. Sin embargo, el juzgado concluyó que dicha orden no fue acatada dentro de los términos establecidos.
La tutela fue presentada luego de que el jefe de Estado calificara públicamente a González Montaño como un “bandido”, además de señalarlo como responsable de una de las peores situaciones dentro del sistema de salud en relación con la EPS Coosalud.
Consecuencias del desacato
El desacato implica que el juez considera que hubo un incumplimiento directo de una orden judicial, lo que podría derivar en sanciones contra el mandatario, conforme a lo establecido en la ley.
Aunque la decisión no modifica el fondo del caso, sí refuerza la obligación de cumplir con las órdenes emitidas por las autoridades judiciales, incluso tratándose del presidente de la República.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de las declaraciones públicas de altos funcionarios y el respeto a las decisiones judiciales dentro del Estado colombiano.
