La situación de hacinamiento en el Centro de Detención Transitoria de Neiva volvió a encender las alarmas nacionales luego de que la Corte Constitucional concluyera que la carceleta no garantiza condiciones mínimas de dignidad para las personas privadas de la libertad.
El análisis realizado por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario evidenció un panorama crítico en la capital huilense. Según la providencia, pese a las órdenes emitidas en la Sentencia SU-122 de 2022, persisten graves vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales dentro del centro de detención transitoria.
La Corte reiteró que ninguna persona puede permanecer en este tipo de instalaciones por más de 36 horas. Sin embargo, el informe señala que la situación en Neiva lleva más de tres años sin una corrección efectiva.
Las cifras reflejan la gravedad del problema. Con corte al 22 de febrero de 2026, la Policía Nacional reportó 18.986 personas privadas de la libertad en espacios con capacidad para apenas 9.711 cupos, lo que representa una sobrepoblación nacional del 95,5 %.
No obstante, el caso más alarmante es el de Neiva. Allí permanecen 299 personas recluidas en un espacio diseñado para solo 11 cupos, alcanzando un índice de hacinamiento del 2.618,2 %, el más alto del país.
Medidas urgentes ordenadas por la Corte
Ante el deterioro de las condiciones carcelarias, la Sala Especial ordenó a todas las gobernaciones y al Distrito Capital de Bogotá elaborar un Plan de Atención Integral con medidas concretas para enfrentar la crisis penitenciaria transitoria.
Entre las acciones exigidas se encuentra la identificación de inmuebles disponibles para uso penitenciario, cronogramas de ejecución, fuentes de financiación y diagnósticos técnicos sobre el déficit de cupos en cada municipio.
Asimismo, la Corte ordenó a la Sociedad de Activos Especiales, SAE S.A.S., activar un plan de choque de infraestructura penitenciaria mediante el uso de bienes del FRISCO para reducir el hacinamiento.
El Ministerio de Justicia también deberá expedir lineamientos para que alcaldías y gobernaciones accedan hasta al 15 % de los recursos del FONSET destinados a infraestructura penitenciaria.
Seguimiento y posibles sanciones
La providencia advierte consecuencias para las entidades territoriales que incumplan las órdenes judiciales. Los departamentos con mayores niveles de incumplimiento podrían enfrentar incidentes de desacato y compulsas de copias ante la Procuraduría General de la Nación.
Además, la Corte solicitó la designación de un procurador delegado exclusivo para vigilar el cumplimiento de las medidas ordenadas y realizar visitas preventivas en las regiones con mayores índices de hacinamiento.
