La Contraloría General de la República evidenció hallazgos fiscales por más de $14.511 millones en tres auditorías financieras realizadas a empresas encargadas de la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Huila, Meta y Nariño.
En el caso del Huila, el organismo de control identificó pagos relacionados con sanciones impuestas a la Electrificadora del Huila (ElectroHuila) por hechos asociados a la prestación del servicio y a procesos de contratación.
De acuerdo con el informe, durante la auditoría financiera de los recursos ejecutados en 2025, la Contraloría evidenció que ElectroHuila realizó pagos por un total de $7.274 millones correspondientes a dos sanciones impuestas por entidades de control. Una de ellas fue establecida mediante la Resolución No. 75276 de 2025, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por un valor de $6.089 millones.
Según la información conocida por el organismo de control, la sanción estuvo relacionada con el presunto cobro irregular del derecho a participar en procesos de invitación pública, sin sustento legal ni económico, así como con restricciones que habrían impedido la participación de consorcios y uniones temporales. Estas actuaciones, de acuerdo con la investigación, habrían configurado barreras a la libre competencia durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023.
La empresa argumentó que el pago de esta sanción, relacionada con prácticas anticompetitivas que se habrían presentado durante anteriores administraciones, se efectuó con el propósito de evitar la generación de intereses de mora y una eventual apertura de procesos de cobro coactivo.
Sanción por calidad del servicio
El segundo pago realizado por ElectroHuila, el 24 de enero de 2025, correspondió a una sanción de $1.160 millones impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a deficiencias relacionadas con la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica durante los años 2020 y 2021.
Según explicó Germán Castro, contralor delegado para el sector de Minas y Energía, esta conducta fue calificada por la Superintendencia como una infracción grave, reiterada y de alto impacto social, debido a la importancia que tiene el servicio de energía para la población.
El funcionario señaló que la adecuada prestación del servicio está estrechamente relacionada con el principio de dignidad humana, al ser fundamental para garantizar condiciones mínimas de vida digna, desarrollar actividades cotidianas, acceder a otros derechos fundamentales y preservar el bienestar de los usuarios.
La Contraloría indicó que los resultados de estas auditorías buscan establecer responsabilidades frente al manejo de los recursos públicos y advertir sobre las consecuencias que pueden generar las deficiencias en servicios esenciales para la ciudadanía.
