El Congreso de Colombia estudia recortes para 2027 en los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Ambas entidades advierten que la reducción afectaría los procesos judiciales del conflicto armado y las labores para localizar e identificar a 137.000 personas desaparecidas.
El recorte a la JEP
Las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron inicialmente una reducción de casi el 17 % del presupuesto de la JEP frente al nivel de este año. La propuesta aún debe pasar por las plenarias para convertirse en ley. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para decidir la distribución del presupuesto nacional de 2027, estimado en 195.000 millones de dólares.
El senador Enrique Gómez, aliado del presidente Abelardo De La Espriella, impulsó un recorte de 100.000 millones de pesos a la jurisdicción. Sostiene que la JEP tarda demasiado en dictar condenas y que su funcionamiento es costoso; propone trasladar esos recursos a la justicia ordinaria. Las comisiones respaldaron esa reducción y otra de 70.000 millones de pesos.
Con ambos ajustes, la JEP dispondría de unos 200 millones de dólares en 2027. Este mes, el tribunal pidió al Congreso 821.000 millones de pesos, aproximadamente 250 millones de dólares, una cifra inferior a su solicitud inicial. La JEP afirma que ya aplicó medidas de austeridad y advierte que el recorte pondría en riesgo los derechos de víctimas y comparecientes.
La magistrada Catalina Díaz explicó que la reducción dificultaría celebrar audiencias en zonas rurales afectadas por el conflicto y cubrir abogados, apoyo psicológico y desplazamientos de las víctimas. También señaló riesgos para las medidas de seguridad de víctimas y excombatientes. De La Espriella, que inicialmente prometió desmantelar la JEP, después dijo que respetaría el tribunal bajo una supervisión rigurosa y respaldó la propuesta de Gómez.
Recursos para buscar desaparecidos
La JEP y la UBPD fueron creadas por el acuerdo de paz de 2016. El tribunal investiga y juzga a dirigentes de las FARC y a miembros de las Fuerzas Militares por crímenes relacionados con el conflicto. Tiene nueve casos en curso, entre ellos investigaciones sobre violencia sexual y reclutamiento de niños, y está previsto que funcione hasta 2033.
En el caso de la UBPD, la reducción que se discute llevaría sus recursos operativos para 2027 a unos 18,2 millones de dólares, casi un 22 % menos. Funcionarios de la unidad advierten que eso amenazaría la toma de muestras de ADN a familiares y unas 10.000 exhumaciones previstas.
La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, señaló que disminuir los recursos de inversión afectaría tanto la investigación interdisciplinaria como el despliegue de equipos forenses en zonas remotas. La entidad pidió al Congreso mantener para 2027 su presupuesto operativo en 23,4 millones de dólares, el mismo monto recibido en 2026. Esa solicitud y los recortes propuestos siguen sujetos a la decisión legislativa sobre la distribución del presupuesto.
