La creciente ola de violencia generada por las disidencias de las Farc en el occidente del Huila ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, líderes comunales y la comunidad en general. El bloque central ‘Isaías Pardo’, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, ha sembrado el terror en municipios como Nátaga, Tesalia, La Plata y La Argentina, donde se han registrado asesinatos, secuestros, reclutamiento forzado de menores y extorsiones. Ante esta situación, un grupo de congresistas huilenses ha elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ejército para que se instale un Batallón de Alta Montaña en la región, con el fin de contener el accionar de las organizaciones criminales.
En una carta dirigida al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y al comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo Santamaría, el senador Carlos Julio González Villa y los representantes a la Cámara Julio César Triana Quintero, Flora Perdomo Andrade y Luz Ayda Pastrana Loaiza, solicitaron la creación del Batallón de Alta Montaña Número 11 en esta zona del departamento. Los congresistas destacan que la ubicación estratégica de este batallón permitiría frenar la actividad de los frentes disidentes ‘Ismael Ruiz’, bajo el mando de alias ‘Libardo González’, y ‘Hernando González Acosta’, comandado por alias ‘Sebastián’, quienes son responsables de los hechos violentos que han desestabilizado a la región.
Este panorama de inseguridad ha sido particularmente grave durante los diez meses transcurridos del presente año, en los que se han perpetrado múltiples actos de violencia que han dejado a la población sumida en el miedo y la incertidumbre. Entre los crímenes más impactantes se encuentran el asesinato de los esposos Rubén Darío Castro y Adela Chirlo Pardo, ocurrido el 17 de febrero de 2024 en la vía que comunica el municipio de La Plata con el Santuario de la Virgen de Aránzazu. La pareja fue asesinada por no detenerse en un retén ilegal instalado por hombres armados, un acto que marcó el inicio de una serie de hechos violentos en la región.
Asimismo, el secuestro y posterior asesinato de la líder indígena Sandra Lorena Anacona, el 15 de mayo de 2024, en la vereda Bajo Patico, estremeció a la comunidad. Anacona, quien pertenecía al resguardo Canoas de Santander de Quilichao, fue hallada con 17 impactos de bala y las manos atadas, lo que evidenció el nivel de crueldad con el que operan estos grupos armados ilegales. La líder indígena había denunciado anteriormente amenazas en su contra, lo que subraya el peligro constante al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en estas zonas rurales.
La violencia no solo ha afectado a líderes sociales, sino también a la comunidad educativa. El 2 de agosto de 2024, el docente y artista Edgar Eduardo Victoria Segura, oriundo del municipio de El Agrado, fue asesinado en una emboscada mientras se dirigía en un vehículo con otros dos profesores y una menor de edad. Aunque los acompañantes resultaron ilesos, Victoria no corrió la misma suerte y falleció en el hospital de La Plata, luego de recibir disparos en el ataque.
El secuestro también ha sido una de las principales herramientas de control y terror utilizadas por las disidencias. En agosto de 2024, Álvaro Losada Vega, hermano de la exalcaldesa de El Agrado, Waldina Losada, fue secuestrado junto con dos personas más. Si bien dos de los secuestrados fueron liberados rápidamente, Losada Vega permaneció en cautiverio hasta el 30 de septiembre, cuando fue rescatado en la vía que conecta a La Plata con Inzá, Cauca.
A estos crímenes se suma el reclutamiento de menores, un delito que ha sacudido a la población huilense. Durante el mes de septiembre de 2024, cuatro niñas fueron reclutadas en el municipio de La Plata. Dos de ellas, estudiantes de entre 13 y 14 años, fueron vistas por última vez cuando un hombre en motocicleta las llevó fuera de su escuela. Días después, otras dos menores fueron captadas por los grupos armados, aunque una de ellas logró ser rescatada en Popayán, Cauca, gracias a la intervención de las autoridades.
Las disidencias no solo han atacado a la población civil, sino también a la fuerza pública. El 10 de octubre de 2024, el patrullero Carlos Andrés Hernández Ospina perdió la vida tras un ataque con ráfagas de fusil en la estación de Policía de Nátaga. En el mismo ataque, el intendente Leonardo Trujillo Tovar resultó gravemente herido. Dos días después, el patrullero Edwin Alba Forero fue herido en otro ataque perpetrado por disidentes en el municipio de Tesalia.
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Ante este escenario de violencia y la creciente presencia de grupos armados ilegales, los congresistas huilenses insisten en la necesidad de una intervención militar en la región. La creación del Batallón de Alta Montaña Número 11, argumentan, replicaría el éxito del Batallón de Alta Montaña Número 9, instalado en 2013 en el municipio de Algeciras, en los límites con Caquetá, el cual logró contener a la extinta columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las Farc.
Los legisladores esperan que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional den prioridad a esta solicitud y que se inicien las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la instalación del batallón en el occidente del Huila. La población de esta región, históricamente afectada por el conflicto armado, clama por un retorno a la seguridad y la tranquilidad que les permita desarrollar sus vidas sin el constante temor a la violencia.
