La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, en un proceso relacionado con irregularidades en convenios para la fabricación de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.
La decisión judicial también ordenó su captura inmediata, la cual ya fue ejecutada por las autoridades. El alto tribunal impuso una pena de 110 meses y 22 días de prisión, además de inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de diez años y una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
De acuerdo con la Corte Suprema, Guzmán Mendoza promovió y celebró en 2008 dos convenios de cooperación por más de 470 millones de pesos con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo. El objeto de ambos contratos era la fabricación de artículos lúdico-didácticos para menores vulnerables del departamento.
Sin embargo, la investigación determinó que las fundaciones contratadas no tenían experiencia ni objeto social relacionado con la fabricación de juguetes, por lo que habrían sido utilizadas como fachada para ejecutar los convenios.
La Sala también concluyó que el entonces gobernador modificó de manera irregular el presupuesto departamental mediante el decreto 0323 de diciembre de 2008, utilizando recursos provenientes de cuotas pensionales para financiar actividades culturales y la compra de juguetes, pese a tratarse de dineros con destinación específica protegida por la ley.
En contraste, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, al considerar que no se comprobó una actuación dolosa ni responsabilidad penal en los hechos investigados.
En su fallo, la Sala cuestionó duramente el comportamiento de Guzmán Mendoza, señalando que instrumentalizó las normas y utilizó la estructura institucional para legitimar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Además de negar beneficios como prisión domiciliaria o suspensión de la pena, la Corte ordenó su reclusión en un centro penitenciario designado por el Inpec.
