La Superintendencia Nacional de Salud presentó los resultados de una auditoría realizada a la Gobernación de Antioquia, en la que fueron identificados 23 hallazgos administrativos, de los cuales seis tendrían presunto alcance disciplinario, cuatro alcance fiscal y tres posible connotación penal.
Los resultados serán remitidos a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.
Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que, por el momento, únicamente se dieron a conocer los hallazgos con posible relevancia penal, ya que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer si existen responsabilidades individuales por los hechos identificados durante la inspección.
Presuntas irregularidades en el manejo de recursos
Uno de los principales hallazgos expuestos por la Superintendencia corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP). Según el informe, estos recursos estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para financiar acciones de salud pública, pero habrían sido transferidos directamente a cuentas de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin cumplir con los contratos, convenios o procedimientos administrativos exigidos por la normativa vigente.
De acuerdo con el organismo de control, esta situación podría representar un uso inadecuado de recursos públicos destinados a fortalecer la atención en salud en los municipios con menores capacidades financieras, motivo por el cual será analizada por los entes competentes.
Otros hallazgos de la auditoría
La auditoría también evidenció presuntas fallas en la atención brindada a una menor perteneciente a una comunidad indígena, así como deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control que debe ejercer la Gobernación sobre algunos prestadores de servicios de salud del departamento.
La Supersalud señaló que los hallazgos administrativos serán objeto de seguimiento para verificar la adopción de planes de mejoramiento, mientras que los casos con posible alcance disciplinario, fiscal y penal serán remitidos a los organismos competentes.
Finalmente, el superintendente Daniel Quintero reiteró que el propósito de estas actuaciones es garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud y fortalecer la transparencia en la gestión de las entidades territoriales, respetando el debido proceso y las decisiones que adopten las autoridades judiciales y de control frente a los hechos investigados.
