El incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, establecido por la Resolución 2717 de octubre de 2024, ha generado fuertes críticas desde el sector salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Asocientíficas) pidió al Gobierno Nacional revocar la medida, argumentando que este ajuste no se ajusta a las necesidades reales del sistema de salud en Colombia.
La UPC, que define los recursos que las EPS reciben por cada afiliado para garantizar servicios de salud, es clave para la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, Asocientíficas y otros gremios advierten que el incremento no refleja el alza en los costos de medicamentos, insumos médicos y atención en salud, lo que amenaza la estabilidad financiera de las EPS y la calidad del servicio a los pacientes.
Aquí puede leer usted el estudio completo hecho por el ministerio de salud para evaluar el crecimiento de la UPC en salud. Son 707 páginas, pero tiene un buen resumen ejecutivo. https://t.co/RXLIv8FBHI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2025
La solicitud
En un derecho de petición dirigido al Ministerio de Salud, Asocientíficas solicitó la revocatoria de la resolución, destacando que el incremento propuesto genera un déficit de 10,4 billones de pesos para 2025, según un estudio de la ANDI. Este déficit se suma a los $15,1 billones acumulados entre 2022 y 2024, según cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
El presidente de Asocientíficas, Agamenón Quintero Villareal, cuestionó la viabilidad del sistema bajo las condiciones actuales. “El aumento del 5,36% está por debajo del costo real de atención en salud. Esto hace insostenible ofrecer un servicio de calidad y afecta al talento humano en salud”, expresó. Además, se denunció que los datos utilizados para calcular el ajuste no son confiables, según un informe previo del Viceministerio de Protección Social.
La Asociación pidió al Gobierno realizar un reajuste de la UPC basado en estudios técnicos y en un análisis económico integral. También solicitó la publicación de los estudios realizados para sustentar la medida, permitiendo una revisión por parte de expertos. La situación pone en evidencia los desafíos financieros del sistema de salud colombiano y la necesidad de medidas más estructurales para garantizar su sostenibilidad.
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