El pasado 13 de noviembre de 2024, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el esperado proyecto de reforma a la justicia, una iniciativa que busca reducir la impunidad y garantizar una justicia más pronta y eficaz.
La reforma, respaldada por la Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, pretende mejorar el funcionamiento del sistema penal y adaptarlo mejor a las necesidades de los ciudadanos, asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas. Según el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto, esta reforma tiene como objetivo principal acortar los plazos procesales, restaurar el equilibrio del sistema acusatorio y fomentar una justicia más negociada y rápida, inspirada en modelos internacionales. Ávila destacó que, a través de mecanismos como los preacuerdos y los principios de oportunidad, se podrán resolver muchos casos sin necesidad de juicio, evitando la congestión judicial y la revictimización.
El proyecto busca también recuperar el espíritu original del sistema penal colombiano, implementado en 2004, que promovió la justicia premial, es decir, una justicia más flexible que permite acuerdos antes del juicio. Sin embargo, la implementación de restricciones en estas figuras a lo largo de los años ha generado una baja utilización de estos mecanismos. Actualmente, solo el 10% de los casos se resuelven a través de la terminación anticipada. La reforma plantea revertir esta tendencia, permitiendo que un mayor número de casos se resuelva de manera más ágil.
En contraste, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, expresó su desacuerdo con algunos aspectos del proyecto, argumentando que no se trata de una reforma integral a la justicia, sino de una modificación a las figuras de justicia premial y negociación de beneficios. Blanco también subrayó su preocupación de que, en un país con problemas de violencia como Colombia, la reforma pueda beneficiar a quienes han cometido delitos graves.
La ministra de Justicia, Ángela Buitrago, defendió la reforma asegurando que el sistema de justicia premial no debe verse como un mecanismo de impunidad, sino como una herramienta para garantizar el acceso a la justicia de manera más rápida. Además, indicó que la reforma apunta a un sistema penal más eficiente y acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, donde las víctimas puedan obtener reparación integral.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, enfatizó que la reforma ayudará a resolver los problemas de congestión y la impunidad del sistema procesal penal colombiano. En su intervención, destacó que la propuesta permitirá que los jueces y fiscales puedan concentrarse en otros delitos más complejos y que no se presten a la justicia negociada.
A medida que el proyecto continúa su trámite legislativo, se espera que sea un paso fundamental para modernizar el sistema de justicia en Colombia, reduciendo los tiempos procesales y brindando una respuesta más eficiente a las demandas de justicia de los ciudadanos.
