La insuficiencia de recursos económicos, el aumento de la congestión judicial y la sobrecarga laboral tienen en alerta a los trabajadores de la justicia. Asonal Judicial Seccional Huila no descarta sumarse al paro indefinido previsto para el próximo 19 de noviembre, si no hay respuestas del Gobierno Nacional y el Congreso.
Así lo manifestó Óscar Eduardo López Rojas, presidente de Asonal Judicial Seccional Huila, durante las asambleas informativas que se desarrollan en las instalaciones del Palacio de Justicia de Neiva, donde se analiza la situación financiera que atraviesa la Rama Judicial en Colombia.
Según el dirigente sindical, el principal inconveniente está relacionado con la falta de presupuesto para garantizar el funcionamiento adecuado de los despachos judiciales, atender las necesidades administrativas y fortalecer el personal encargado de responder a las demandas de los ciudadanos.
López Rojas advirtió que los recursos proyectados para la vigencia 2027 resultan insuficientes frente a las necesidades actuales del sistema.
“Lo que ha generado esta crisis es la insuficiencia presupuestal. El rubro destinado para el año 2027 es totalmente insuficiente y nos impide atender en debida forma cada una de las necesidades de nuestra comunidad judicial”, expresó el representante sindical.
Otro de los aspectos que genera preocupación es el represamiento de procesos. De acuerdo con las cifras expuestas por el dirigente, la acumulación de expedientes habría aumentado cerca de un 43 % a nivel nacional, situación que afecta los tiempos de respuesta de los juzgados y el acceso oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia.
A este panorama se suma la falta de personal, que incrementa las cargas laborales de los funcionarios y dificulta atender oportunamente los procesos.
Ante este escenario, Asonal Judicial contempla participar en el cese de actividades anunciado para el 19 de noviembre.
Sin embargo, el sindicato mantiene la expectativa de recibir una respuesta favorable del Gobierno Nacional y el Congreso que garantice los recursos necesarios para financiar la justicia y evitar la paralización de los servicios judiciales.
