El exmandatario Luis Felipe Conde Lasso fue sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión por irregularidades en un contrato para la disposición final de residuos sólidos. Un juzgado también ordenó su captura para que cumpla la condena en un centro penitenciario.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia condenatoria contra Luis Felipe Conde Lasso, quien se desempeñó como alcalde de Aipe, Huila, durante el periodo 2008-2011, tras demostrar su responsabilidad en irregularidades relacionadas con la celebración de un contrato interadministrativo.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila, los hechos se remontan al 1 de enero de 2008, cuando el entonces mandatario suscribió un convenio para garantizar la disposición final de los residuos sólidos del municipio en el relleno sanitario Los Ángeles.
El contrato tenía un valor inicial de $43 millones 320 mil y posteriormente recibió una adición presupuestal de $15 millones 680 mil, para un total de $59 millones.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró que la contratación se realizó sin los estudios previos que justificaran la necesidad del convenio y sin los soportes técnicos y financieros exigidos por la normativa. Además, el exalcalde no habría contado con la autorización del Concejo Municipal, requisito necesario para suscribir este tipo de acuerdos.
Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la documentación contractual, en la que se habría incorporado información contraria a la realidad y se incluyeron como intervinientes personas que todavía no desempeñaban los cargos relacionados con el convenio.
Por estos hechos, Conde Lasso fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El juzgado de conocimiento le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión y emitió orden de captura para su traslado a un establecimiento penitenciario.
La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.
