El manejo de los recursos destinados al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Neiva quedó bajo cuestionamiento luego de que varios concejales advirtieran sobre la transferencia de 26.000 millones de pesos que, según denunciaron, se habría realizado sin contar con la autorización de la Junta Directiva ni con la elegibilidad técnica de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).
La alerta fue presentada por los concejales Luis Alejandro Serna, Juan Sebastián Prieto, Héctor Camilo Perdomo y Juan Diego Amaya, quienes señalaron que los recursos permanecen sin ejecutarse, pese a que hacen parte de los 32.000 millones de pesos autorizados dentro del cupo de endeudamiento municipal de 80.000 millones.
La principal preocupación de los cabildantes está relacionada con el posible impacto fiscal para Neiva, pues el municipio estaría pagando intereses por un dinero que permanece paralizado, sin procesos contractuales en firme ni claridad sobre su utilización.
A las dudas financieras se suman cuestionamientos jurídicos y técnicos sobre el modelo previsto para la entrega de la flota de vehículos y la implementación del sistema de recaudo unificado, componentes fundamentales para la operación del SETP.
Otro punto de controversia es la propuesta de incorporar buses a gas, alternativa que, según los concejales, tendría que revisarse frente a las disposiciones de la Ley 1964 de 2019, que establece obligaciones relacionadas con la incorporación de vehículos eléctricos en los sistemas de transporte público.
Ante este panorama, el Concejo anunció que radicará requerimientos formales ante las secretarías de Hacienda y Tesorería, así como ante la Gerencia del SETP, para conocer las condiciones financieras de la operación, las tasas de interés, las fechas exactas de los desembolsos y los soportes jurídicos que respaldaron la transferencia.
La discusión abre interrogantes sobre la planeación y ejecución de los recursos públicos destinados a mejorar la movilidad de Neiva. Los concejales buscan establecer quién autorizó el giro, por qué los recursos no se han ejecutado y quién responderá por los posibles costos financieros que represente su inmovilización.
