El alcalde de Tesalia, Olmer Gustavo Ramos Cuenca, fue sancionado con un día de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, luego de que el Juzgado Único Promiscuo Municipal lo declarara en desacato por incumplir una orden judicial que exigía garantizar el suministro provisional de agua potable a una familia del municipio.
La decisión quedó consignada en un auto del 4 de noviembre de 2026 y será sometida a revisión por el superior judicial. El caso involucra a un ciudadano y su núcleo familiar, entre cuyos integrantes hay tres menores de edad, cuyos derechos fundamentales al agua, la salud, la vida digna y el mínimo vital fueron amparados mediante un fallo de tutela del 2 de septiembre, confirmado en segunda instancia el 13 de octubre.
Según el expediente, aunque inicialmente el municipio realizó una entrega de agua, posteriormente suspendió el abastecimiento. El juzgado estableció que no existían pruebas suficientes de un suministro material, periódico y efectivo que garantizara las necesidades básicas de la familia.
GESTIONES ADMINISTRATIVAS NO FUERON SUFICIENTES
En su defensa, el mandatario presentó actuaciones administrativas y presupuestales, entre ellas una disponibilidad de $6.600.000, estudios previos y un proceso contractual para adquirir un tanque y contratar el transporte de agua. Sin embargo, el despacho consideró que estos trámites no justificaban dejar a la familia sin el servicio mientras avanzaba la contratación.
Por ello, ordenó al municipio iniciar y mantener, dentro de las siguientes 48 horas a la notificación, un suministro suficiente, accesible y periódico de agua potable, además de presentar soportes verificables sobre las fechas y cantidades entregadas.
El juzgado se abstuvo de sancionar a la presidenta de la Junta Administradora del Acueducto de la vereda El Centro, al no encontrar responsabilidad subjetiva en el incumplimiento.
Finalmente, advirtió que la sanción al alcalde no lo exime de cumplir la tutela y que continuará vigilando el caso hasta garantizar los derechos de la familia afectada.
