La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades del norte y occidente del Huila debido a la escalada de violencia registrada durante la última semana, marcada por ataques contra la Fuerza Pública mediante artefactos explosivos lanzados desde drones y hostigamientos en zonas urbanas y rurales del departamento.
De acuerdo con la entidad, los hechos han generado temor entre los habitantes de Aipe, Palermo y Teruel, así como en sectores rurales de Neiva. A este panorama se sumó el hostigamiento registrado durante la noche del viernes 16 de octubre en el casco urbano del municipio de Íquira.
Los ataques, en los que al menos tres integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos, representan una amenaza para la vida y la integridad de la población civil. Además de la zozobra, se reportaron afectaciones en viviendas y la reubicación de una institución educativa ante los riesgos para estudiantes y docentes, una situación que también compromete la continuidad del derecho a la educación.
Una alerta temprana por la expansión de grupos armados
La Defensoría recordó que en julio, mediante la Alerta Temprana 016 de 2026, había advertido sobre el riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario derivado de la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, estructuras adscritas al Bloque Central Isaías Pardo del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central (EMC).
La alerta comprende a Aipe, Palermo, Neiva y Teruel, municipios donde se han registrado hechos recientes de violencia. Para la entidad, este escenario exige fortalecer la respuesta institucional y adoptar medidas que protejan a las comunidades expuestas.
La situación plantea desafíos que van más allá de las operaciones militares, pues los ataques afectan la tranquilidad de los habitantes, la infraestructura residencial y el funcionamiento de servicios esenciales como la educación.
La Defensoría aseguró que continuará acompañando a las comunidades y articulando esfuerzos con las demás entidades del Ministerio Público para promover la garantía de los derechos humanos y la protección de la población en riesgo.
