El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó las amenazas dirigidas contra el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y personal del Inpec. Pidió una respuesta coordinada para protegerlos, después de que el Gobierno emitiera una alerta y dos dragoneantes resultaran heridos en Barranquilla.
Protección a funcionarios amenazados
La Procuraduría General de la Nación expresó su respaldo a la adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de quienes han sido objeto de amenazas. Eljach llamó a actuar de forma conjunta a las entidades responsables de la seguridad y a las que representan los intereses de la sociedad.
La alerta fue emitida el sábado 10 de octubre por el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Justicia advirtió que las intimidaciones podrían representar un riesgo para quienes participan en las decisiones sobre traslados de personas privadas de la libertad en el Inpec. Las autoridades verifican la autenticidad, procedencia y alcance de los mensajes.
La Procuraduría también expresó solidaridad con Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, los dragoneantes heridos por sujetos armados cuando salían de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. El Ministerio de Justicia extendió su respaldo a sus familiares y compañeros.
Traslados del Inpec continuarán
Las autoridades verifican si las amenazas guardan relación con el ataque contra los dos dragoneantes. Tampoco han establecido los móviles de la agresión. Aunque los mensajes habrían surgido después de traslados de cabecillas ordenados por el presidente, el vínculo entre esos hechos sigue bajo investigación.
Ante la alerta, el Ministerio de Justicia reforzó las medidas preventivas de seguridad en coordinación con la Policía y otras autoridades. El Gobierno solicitó investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. El Inpec, por su parte, condenó el ataque y las amenazas contra sus funcionarios.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los traslados en las cárceles no se suspenderán y que buscará a los responsables de las intimidaciones. El Gobierno sostuvo que los movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el mandatario seguirán ejecutándose conforme a la ley y bajo las condiciones de seguridad necesarias.
