El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá. Los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estaban detenidos en instalaciones militares y afrontan actuaciones judiciales por el escándalo de corrupción en la entidad.
El traslado a La Picota
López, exdirector de la UNGRD, permanecía en el Cantón Caldas. Pinilla, quien fue subdirector de la entidad, estaba detenido en el Batallón de Artillería N.° 13 de la Escuela de Artillería. Ambos fueron llevados a La Picota después de que se cumpliera la orden de traslado.
El Gobierno publicó un video del traslado y un mensaje en el que De la Espriella afirmó: «Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota». El mandatario sostuvo que los involucrados en el caso no tendrán privilegios mientras afrontan sus procesos.
«En mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios», declaró el presidente. También señaló que quienes hayan intervenido en el manejo irregular de recursos públicos deberán responder ante la justicia y que las personas privadas de la libertad estarán donde legalmente corresponda.
El caso de la UNGRD incluye irregularidades en contratos destinados a atender emergencias. Entre los hechos investigados figura la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, una contratación por la que López y Pinilla recibieron sanciones disciplinarias y que también dio lugar a actuaciones penales.
Sanciones por los carrotanques
La Procuraduría General de la Nación estableció que el contrato de los vehículos, celebrado por $46.800 millones, presentó sobrecostos superiores al 54 % frente a los valores de referencia del mercado. El organismo de control señaló que las irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial superior a $16.000 millones.
En julio de 2025, la Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución de los dos exfuncionarios. Impuso además una inhabilidad general de 18 años para López y de 20 años para Pinilla. El organismo atribuyó a ambos actuaciones relacionadas con el direccionamiento de la contratación y la adquisición de los carrotanques.
En la investigación penal, la Fiscalía General de la Nación señaló que alrededor de ese contrato se habría generado una apropiación ilícita de $14.163 millones y que parte de los recursos habría sido destinada al pago de dádivas. El ente acusador identificó pagos por $724 millones relacionados con López y por $342 millones con Pinilla.
La situación judicial de ambos es distinta. La justicia avaló un preacuerdo entre Pinilla y la Fiscalía y lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. López enfrenta un proceso penal: la Fiscalía presentó un escrito de acusación en su contra y él manifestó su intención de aceptar los cargos para obtener una sentencia anticipada.
