Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca fue removida de la gerencia de ElectroHuila durante una reunión extraordinaria de la junta directiva. Su salida ocurre después de las controversias por una reforma estatutaria que fijó en cuatro años el período del cargo y mientras avanzan actuaciones sobre esos cambios.
La salida de Nika Cuéllar
La reunión fue liderada por representantes de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. También asistió el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba. Los representantes del Gobierno de Abelardo De La Espriella, que participan como accionistas mayoritarios de la empresa, plantearon la salida de Cuéllar Cuenca.
La exgerente afirmó que “se hizo un acuerdo” al ser consultada por los términos de su retiro, sin ampliar el alcance de esa declaración. La salida se produjo cuando Cuéllar ejercía la gerencia en propiedad, tras haber ocupado previamente la Subgerencia Administrativa y Financiera.
En 2024, ElectroHuila modificó sus estatutos y redujo la experiencia específica exigida en el sector energético para acceder a la gerencia. Después de esa reforma, Cuéllar llegó al cargo y en 2025 fue seleccionada en propiedad.
Reforma estatutaria bajo revisión
La Asamblea General de Accionistas aprobó el 20 de marzo una nueva modificación de estatutos. El cambio convirtió la gerencia general, que era de libre nombramiento y remoción, en un cargo con un período fijo de cuatro años, con posibilidad de reelección.
Cuéllar sostuvo que los cambios fueron impulsados por la Nación, accionista mayoritaria de ElectroHuila, y que respondían a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y a la búsqueda de proteger la operación de las empresas estatales frente a los cambios políticos. Su contrato, firmado en julio, vencía en el mismo mes de 2030.
Villalba cuestionó que la reforma hubiera sido presentada una semana antes de la reunión de accionistas y objetó la falta de socialización y justificación técnica. Además, el Departamento del Huila demandó la nulidad del numeral 42 añadido al artículo 47 de los estatutos, que permite a la empresa actuar como garante o fiadora de obligaciones de terceros relacionadas con su objeto social.
La demanda solicitó además la suspensión provisional de los efectos de esa disposición mientras se resuelve el litigio. Para la Gobernación, la facultad no contemplaba topes económicos ni estudios previos de riesgo.
Por estos cambios, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si las modificaciones estatutarias pudieron favorecer la permanencia de Cuéllar. El organismo requirió el Acta 120, grabaciones de la reunión, estudios técnicos, financieros y jurídicos, los estatutos anteriores y vigentes, documentación laboral y los lineamientos del Ministerio de Hacienda para el voto de los representantes de la Nación.
La administración de Cuéllar también impulsó una reestructuración con 178 nuevos cargos, que llevaría la planta de 358 a 536 puestos. La proyección de modernización calculó costos de $17.271 millones durante el primer año y un presupuesto de personal de $88.931 millones en el cuarto año.
