El abogado Guillermo Rodríguez Martínez presentó una acción popular por Gripen ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para suspender pagos y otros actos financieros del contrato de 17 aviones Gripen E/F, mientras se divulgan las condiciones de financiación de la operación.
El recurso está dirigido contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. Invoca la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
Rodríguez solicitó frenar desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otros actos de ejecución contractual, presupuestal o financiera. También pidió una medida cautelar de urgencia para detener provisionalmente esos movimientos durante el trámite judicial.
La pretensión plantea que la suspensión siga vigente hasta que las entidades acrediten públicamente el mecanismo específico de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados. Además, reclama información sobre el trámite Conpes relacionado con la estructuración del crédito y un pronunciamiento de Hacienda sobre la sostenibilidad fiscal de la operación.
Como alternativa, si no se ordena detener toda la operación, la demanda propone suspender los desembolsos, giros y vigencias futuras que aún no se hayan perfeccionado. Entre los argumentos, Rodríguez incluyó el escenario fiscal derivado del terremoto del 10 de agosto y las necesidades de reconstrucción y atención de las zonas afectadas.
La acción sostiene que el contrato con la empresa sueca Saab ya fue suscrito y está en ejecución para reemplazar la flota de Kfir. Una respuesta oficial de la FAC citada en la demanda ubica el valor de la operación en 3.135,5 millones de euros.
La controversia se originó en derechos de petición que el abogado presentó el 20 de agosto. En ellos solicitó las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos y de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales de la compra.
La FAC negó la entrega de parte de esos documentos al considerar que están cobijados por reserva legal vinculada con la defensa y la seguridad nacional. El demandante cuestiona que esa restricción se hubiera extendido a información financiera y presupuestal que considera susceptible de divulgación.
En sus respuestas, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y una autorización de cupo de vigencias futuras. La acción afirma que esos documentos no fueron entregados.
El Ministerio de Defensa mantuvo la negativa en un oficio del 7 de septiembre, al reiterar la reserva legal. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará la admisión de la acción popular y la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.
