Alex Saab, exministro del Gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y transacciones financieras ilícitas ante una corte federal de Miami, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.
El acuerdo ante la jueza
Durante la audiencia, presidida por la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab cambió la declaración de inocencia que había presentado el 22 de julio. “Soy culpable, su señoría”, expresó al final de la diligencia.
El exfuncionario afirmó que nadie lo amenazó ni le ofreció un trato distinto al acuerdo presentado ante la Fiscalía para aceptar los cargos. El documento tiene 12 páginas y fue revisado por la jueza durante la audiencia.
El pacto contempla una pena de hasta 20 años de cárcel y una multa que puede situarse entre 500.000 y 100 millones de dólares, de acuerdo con los daños estimados en Venezuela. La sentencia definitiva está prevista para enero.
Saab admitió haber participado con cómplices cuyas identidades no fueron reveladas en una conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de fondos.
Alex Saab en Miami
El proceso en Florida se relaciona con la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a entregar alimentos a venezolanos vulnerables, con supuestas transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Saab compareció por primera vez por los cargos actuales el 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela. Su cambio de postura ocurrió después de que inicialmente negara responsabilidad penal en el caso.
El empresario ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami tras ser detenido en Cabo Verde en 2020. Las autoridades estadounidenses lo señalaron entonces de lavar 350 millones de dólares para el régimen venezolano.
En 2023, durante el Gobierno de Joe Biden, quedó libre como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó al país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional y director del Centro Internacional de Inversión Productiva.
Tras su captura en febrero en una operación conjunta entre el FBI y autoridades venezolanas, fue destituido de sus cargos por orden de Delcy Rodríguez, encargada del régimen. Ahora, el expediente avanza hacia la audiencia de sentencia fijada para enero.
