La exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, no aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con el caso de Marelbys Meza, exniñera de la entonces funcionaria.
La diligencia se desarrolló este lunes 14 de septiembre ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, escenario en el que el ente investigador presentó su tesis sobre la presunta participación de Sarabia en las actuaciones adelantadas contra Meza durante enero de 2023.
Según la Fiscalía, Sarabia habría impartido instrucciones al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Feria, para que se realizara un procedimiento de polígrafo a Marelbys Meza, luego de que la exniñera fuera señalada en medio de la pérdida de una suma de dinero en la residencia de la entonces funcionaria.
Para el ente acusador, estas actuaciones habrían excedido las funciones de los organismos de seguridad del Estado, debido a que se trataría de un asunto de carácter particular. La investigación también busca establecer si para adelantar el procedimiento fueron utilizados recursos y personal públicos.
El caso tomó mayor relevancia posteriormente por las interceptaciones telefónicas realizadas contra Marelbys Meza y otras personas de su entorno. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, para sustentar dichas interceptaciones se habrían elaborado informes que relacionaban a Meza con una organización dedicada al hurto de residencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos materiales probatorios y la información recopilada dentro de la investigación, mientras que la defensa de Sarabia asumió la representación de la exfuncionaria frente a las acusaciones formuladas por el ente investigador.
Sarabia decidió no aceptar los tres cargos imputados. Esta decisión implica que el proceso judicial continuará y que será la justicia la encargada de determinar, en las siguientes etapas procesales, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El caso se remonta a uno de los episodios que generaron mayor controversia durante los primeros meses de 2023 y que posteriormente derivaron en investigaciones relacionadas con el uso de organismos de seguridad e interceptaciones telefónicas.
La audiencia hace parte del proceso judicial y la imputación de cargos, por sí sola, no constituye una declaración de responsabilidad penal contra la exfuncionaria.
