El abogado del gerente de EMCALI anunció que presentará denuncias penales para que se investiguen presuntos hechos relacionados con una reunión que habría ocurrido el pasado 7 de julio en Cali.
El abogado que representa a Roger Mina Carbonero, gerente general de EMCALI, anunció que radicará ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias penales correspondientes para que se investiguen unos hechos que, según su versión, habrían ocurrido el pasado 7 de julio en una oficina del Centro Comercial Jardín Plaza, en Cali.
De acuerdo con el comunicado divulgado por la defensa, la decisión se tomó a raíz de señalamientos que han circulado públicamente, denuncias realizadas a través de redes sociales y un correo electrónico anónimo recibido por el abogado. En dicho mensaje se habrían entregado detalles sobre una presunta reunión entre el concejal de Cali Roberto Ortiz y el ciudadano Mauricio Tabares.
Según el abogado, el encuentro estaría relacionado con supuestas presiones para influir en el proceso de contratación del alumbrado público de Cali, situación que, de comprobarse, podría representar una injerencia indebida sobre las decisiones administrativas de EMCALI.
Solicitarán investigar posibles delitos
La defensa anunció que solicitará a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para establecer si durante la reunión se pudieron configurar conductas consideradas delitos contra la administración pública y la administración de justicia.
Entre las conductas que se busca determinar se encuentran el constreñimiento ilegal, relacionado con el supuesto uso de presiones o intimidaciones; el tráfico de influencias de servidor público, en caso de que se establezca un eventual aprovechamiento de la investidura para incidir en decisiones administrativas, y el interés indebido en la celebración de contratos, si se llegara a comprobar una intención de direccionar o beneficiar intereses particulares en la contratación del alumbrado público.
El abogado precisó que las denuncias tienen como objetivo que las autoridades determinen la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.
Piden revisar cámaras y comunicaciones
Dentro de las actuaciones que la defensa pretende solicitar se encuentran inspecciones judiciales, la revisión de registros y cámaras de seguridad del centro comercial, así como la verificación de los esquemas de seguridad y posibles registros de comunicaciones relacionados con las personas involucradas.
El representante legal también cuestionó si las críticas realizadas desde el Concejo de Cali sobre la contratación pública corresponden exclusivamente al ejercicio del control político o si podrían estar relacionadas con intereses particulares.
Por ahora, los señalamientos hacen parte de una denuncia que será puesta en conocimiento de la Fiscalía, entidad que deberá determinar si existen méritos para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer eventuales responsabilidades.
