Las propuestas de educación se convirtieron en uno de los puntos que más separa a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo al balotaje del 21 de junio. Mientras el candidato de derecha plantea una modernización enfocada en tecnología y vínculo con la industria, el aspirante de izquierda defiende la educación como derecho social y apuesta por reforzar lo público, sobre todo en territorios históricamente rezagados.
Dos visiones: tecnología y empleo vs educación como derecho social
De la Espriella llega a la segunda vuelta tras obtener el 43,74% en primera vuelta, y ha buscado presentarse como un “outsider” de la política tradicional. En su plataforma educativa, propone orientar el sistema hacia la preparación para el mercado laboral con entrenamiento impulsado por tecnología y conexiones más fuertes entre educación e industria.
Su programa incluye 16 propuestas vinculadas al sector, con énfasis en educación possecundaria y “workforce readiness”. Entre sus iniciativas se destacan programas de ciclo corto sobre tecnologías asociadas a la Cuarta Revolución Industrial —como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología y programación— y el proyecto de una “Universidad Virtual en Casa” para ampliar oportunidades mediante aprendizaje en línea.
Además, plantea créditos blandos para estudiantes universitarios, ampliar la conectividad de internet gratuita, incorporar evaluaciones docentes y promover una colaboración mayor entre colegios públicos e inversión privada. Su campaña ha defendido estas medidas como una estrategia de competitividad económica y de atracción de inversión.
Cepeda, por su parte, obtuvo el 40,90% en la primera vuelta y se presenta como continuidad del progresismo impulsado por el presidente Gustavo Petro, con promesas de reformas sociales y un papel más protagónico del Estado. En educación, su visión se centra en la educación como derecho social y herramienta para reducir desigualdad, con prioridad en fortalecer el sistema público, especialmente en áreas rurales y regiones subatendidas.
Entre sus propuestas figuran ampliar la presencia de universidades públicas con sedes regionales e instituciones satélite para acercar la educación superior a comunidades sin oferta cercana. También propone aumentar la inversión pública y mantener y ampliar los incrementos de financiación a la educación superior aprobados durante el gobierno de Petro, además de incorporar educación para la paz y memoria histórica en los currículos como parte de un proceso de reconciliación de largo plazo.
Informe de la Fundación Empresarios por la Educación: avances parciales y vacíos clave
Pese a las diferencias ideológicas, una revisión independiente de la Fundación Empresarios por la Educación concluyó que ambos candidatos abordan los retos del sistema educativo solo de manera parcial. Según ese análisis, los programas contienen propuestas valiosas, pero no ofrecen soluciones integrales a problemas centrales del sector.
La fundación ubicó las áreas más débiles de ambas plataformas en tres frentes: estrategias para combatir la “pobreza de aprendizaje”, mejoras en los sistemas de datos educativos y fortalecimiento del desarrollo docente. A esas alertas se sumó un análisis publicado por El Espectador, que señaló que, aunque los dos candidatos plantean objetivos relevantes, ninguno explica con claridad cómo se ejecutarían o financiarían, lo que deja dudas sobre la viabilidad de sus promesas.
Brechas estructurales: primera infancia, desempeño académico y deserción escolar
El diagnóstico de fondo que acompaña el debate electoral parte de cifras y problemas persistentes. El reporte citado indica que el 42% de niños entre 0 y 5 años no recibe servicios de primera infancia ni del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni del Ministerio de Educación, con especial impacto en zonas rurales.
A esto se suman resultados académicos bajos en evaluaciones nacionales y tasas de deserción escolar que restringen el paso a la educación superior y al empleo formal. En ese contexto, la elección del 21 de junio perfila un choque entre dos rutas: una modernización orientada al mercado y otra expansión del rol estatal y de la oferta pública en regiones marginadas.
El próximo gobierno asumirá el mandato por cuatro años y, según lo anunciado en campaña, la nueva administración comenzará el 7 de agosto. La manera en que se traduzcan estas promesas en acciones concretas será clave para el rumbo de escuelas y universidades en Colombia.
