Una nueva controversia rodea la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El periodista Melquisedec Torres hizo la publicación de documentos que darían cuenta de un presunto contrato suscrito con una firma dedicada a estudios de opinión y seguimiento electoral, cuyo gasto, según señalamientos conocidos públicamente, no aparecería reflejado hasta el momento en los reportes entregados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La polémica surgió tras la difusión de información según la cual el gerente de la campaña presidencial, Carlos Andrés Ríos Puerta, habría contratado hace aproximadamente un mes a la empresa Atlas Intel SAS por un valor de $163.890.000 para la prestación de un servicio identificado como “Tracking Electoral / Atlas Radar”.
De acuerdo con los documentos divulgados, Ríos Puerta —quien figura como gerente de la campaña en registros reportados al Consejo Nacional Electoral— aparecería también relacionado en la facturación correspondiente al contrato con la firma encuestadora, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y trazabilidad de los gastos de campaña.
El punto central de la discusión gira en torno a que, hasta ahora, dicho pago no habría sido reportado dentro de las cuentas visibles de campaña registradas ante el organismo electoral, lo que ha despertado interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de reporte financiero establecidas para los aspirantes presidenciales.
La situación adquiere mayor relevancia debido a que Atlas Intel es reconocida por elaborar encuestas publicadas por la revista Semana y actualmente afrontaría una investigación ante el CNE por un presunto incumplimiento de normas relacionadas con la divulgación y regulación de estudios de opinión electoral.
Aunque la información divulgada ha generado debate político y cuestionamientos en redes sociales, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la campaña de Abelardo de la Espriella frente a los señalamientos ni una respuesta pública del gerente mencionado sobre el presunto contrato.
Tampoco se ha informado si el Consejo Nacional Electoral abrirá una verificación formal relacionada con el eventual reporte de este gasto. Mientras tanto, el caso suma un nuevo episodio al debate sobre la financiación, transparencia y control de los recursos en medio de la campaña presidencial de 2026.
