La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra María Angélica Duarte Rivas, jefe de contratación de la Alcaldía de Neiva, y Lilly Andrea Manrique Bahamón, quien se desempeñaba como directora de Justicia y Comisaria de Familia de Campoalegre, por posibles irregularidades en el arrendamiento del inmueble donde funciona el Centro de Detención Transitorio de la capital huilense.
De acuerdo con el órgano de control, los hechos estarían relacionados con la suscripción de un contrato de arrendamiento firmado en julio de 2025 por un valor cercano a los 240 millones de pesos. En dicho proceso, Duarte Rivas habría actuado en representación de la administración municipal para formalizar el acuerdo con Manrique Bahamón, quien para ese momento ejercía funciones como servidora pública.
Posible inhabilidad en contratación
Uno de los puntos centrales de la investigación radica en que, presuntamente, Manrique Bahamón se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado debido a su condición de funcionaria pública en ejercicio. Según la normativa vigente, este tipo de situaciones podría configurar una vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que rige la contratación estatal en Colombia.
La Procuraduría advirtió que, de confirmarse estos hechos, ambas funcionarias habrían incurrido en una conducta que contraviene las disposiciones legales, al celebrar un contrato sin cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.
Avanza proceso disciplinario
Con la apertura formal de la investigación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva inició la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. El objetivo es verificar la existencia de la conducta, establecer si constituye una falta disciplinaria y determinar el grado de responsabilidad de las implicadas.
Asimismo, el proceso buscará establecer si las actuaciones se dieron bajo alguna causal que excluya la responsabilidad disciplinaria o si, por el contrario, se configuró una falta que pueda derivar en sanciones.
Este caso se suma a otros procesos de control que buscan garantizar la correcta gestión de los recursos públicos en el departamento del Huila, especialmente en temas sensibles como la administración de espacios destinados a personas privadas de la libertad.
