La defensa técnica del señor Álvaro Villada, integrada por el abogado kevin Alejandro Giraldo Camacho informa que fue formalmente recusada la Juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín dentro del proceso que se adelanta por presuntos hechos relacionados con Metroparques Medellín.
La recusación se sustenta en que la misma funcionaria judicial ya había intervenido de manera sustancial en el proceso al conceder e impartir legalidad al principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía a quien sería la testigo principal de cargo, se trata de la señora Laura Mejía Higuita quien a pesar de haber confesado delitos actualmente tiene conocimiento y puede interferir, filtrar o manipular información como empleada de la Contraloría General de Antioquia, este hecho también será denunciado.
La jueza recusada realizó una valoración previa de elementos materiales probatorios que las defensas no han podido conocer ni controvertir integralmente. La garantía constitucional de imparcialidad exige no solo ausencia de sesgo real, sino también que no exista duda razonable sobre la objetividad del juzgador.
Resulta especialmente llamativo que, existiendo más de cincuenta jueces con función de control de garantías en Medellín, el asunto haya recaído nuevamente en el mismo despacho que ya había evaluado aspectos estructurales del caso. Para la defensa, esta circunstancia compromete la apariencia de independencia judicial y obliga a preservar el principio del juez natural como eje esencial del debido proceso.
A ello se suma que la testigo presentada ante ese mismo despacho tuvo vínculos laborales con el partido político del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un contexto en el que, según la defensa, se han realizado pronunciamientos públicos que afectan la presunción de inocencia de los implicados. La justicia penal no puede ser instrumentalizada con fines electorales ni convertirse en escenario de confrontación política.
La defensa pondrá en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades advertidas y activará todos los mecanismos legales necesarios para garantizar el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia y el pleno ejercicio del derecho de defensa, reiterando su compromiso con un proceso ajustado estrictamente a la Constitución y a la ley.
