La Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, alerta a la ciudadanía sobre graves inconsistencias y riesgos en la estructuración de la segunda fase de modernización del alumbrado público de Cali, anunciada por Emcali y adelantada por la Unidad Estratégica de Negocios de Energía bajo la dirección del señor José David Insuasti Avendaño.
Aunque Emcali asegura que renovará más de 101.000 luminarias e implementará un sistema integral de telegestión antes del 31 de diciembre de 2027, la empresa no ha divulgado los estudios previos, análisis de riesgos, soportes financieros ni los criterios de evaluación que exige la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 para garantizar un proceso transparente y verificable. Este vacío informativo compromete seriamente la selección objetiva y abre la puerta a irregularidades que afectan la confianza pública.
A la Red de Veedurías le fue entregado un reporte oficial que evidencia que Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. atraviesa una situación económica crítica, con pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y un desequilibrio financiero incompatible con los requisitos habilitantes para participar en un contrato de esta magnitud. Permitir la participación de un proponente sin solvencia vulneraría el principio de selección objetiva y podría constituir responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa para los funcionarios
encargados de estructurar el proceso, según lo ha reiterado el Consejo de Estado. La Red exige a Emcali aclarar si esta empresa ha sido considerada en la estructuración del proyecto y solicita que se publiquen los criterios técnicos y financieros utilizados para evaluar a los interesados.
De manera aún más preocupante, esta organización ha recibido denuncias de que el señor José David Insuasti Avendaño habría sostenido múltiples reuniones privadas con empresas interesadas en la contratación, al margen de los procedimientos institucionales y sin que existan registros públicos de dichos encuentros. Entre las compañías señaladas se encuentra Global Display Solutions Colombia (GDS), la cual, según se informa, también presenta un déficit financiero significativo.
Si dichas reuniones se realizaron sin actas, sin publicidad y con posibles interesados directos en la adjudicación, se configuraría una violación grave a los principios de transparencia y moralidad administrativa e, incluso, podría constituir el delito de interés indebido en la celebración de contratos, previsto en el artículo 409 del Código Penal. La Red solicita a GDS pronunciarse públicamente y detallar cuántas veces ingresó a Emcali, con qué funcionarios se reunió y qué temas fueron tratados.
La Red de Veedurías recuerda que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de modernización del alumbrado público, y anuncia que ampliará dicha denuncia incorporando los nuevos hechos reportados, incluyendo las presuntas reuniones privadas y la posible participación de empresas financieramente inviables. La ampliación será radicada con el fin de que la Fiscalía investigue si existieron negociaciones indebidas, favorecimientos particulares o vulneraciones al régimen de contratación estatal.
Finalmente, la Red exige a Emcali publicar de inmediato los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, las actas internas, los soportes de evaluación y cualquier documentación que permita verificar que la estructuración de la segunda fase se realiza conforme a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad administrativa.
La ciudadanía no puede aceptar procesos opacos ni decisiones adoptadas a puerta cerrada en un proyecto que compromete recursos públicos y la seguridad lumínica de toda la ciudad.
