En lo económico, la ley que sí logró el Gobierno fue el presupuesto general de la Nación, el cual estuvo a punto de hundirse, pero a la postre logró el respaldo en las plenarias y se aprobó por $546.9 billones de pesos; sin embargo, sufrió un recorte de $10 billones.
Tampoco le caminó el Congreso de la República a la ley que busca volver a ratificar la creación del Ministerio de la Igualdad, el cual fue creado en el 2023 en un claro compromiso de campaña del presidente Petro, pero también para cumplir la palabra a su vicepresidenta, Francia Márquez, quien fue la clave para su victoria en junio de 2022.
Esta ley, que se tramitó para suplir un vicio de trámite que identificó la Corte Constitucional, se estancó en su discusión en las Comisiones Primeras de Senado y la Cámara, pese a que tuvo mensaje de urgencia, pero en opinión de sectores de la oposición el fin del Gobierno era volver a tener la formalidad de este ministerio para usar su multimillonario presupuesto en plena época de campaña, según la mirada crítica de la oposición.
Frenado quedó también el proyecto de ley que pretendía dar la implementación de la jurisdicción agraria, la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, pero que en este 2025 debía ser reglamentada.
Sin embargo, su paso inicial que fue aprobarla en las comisiones primeras, no pudo pasar de allí, porque en las plenarias no avanzó. Al menos en la Cámara, en donde el Ejecutivo aún mantiene una cierto manejo en las mayorías, no pudo garantizar que se diera el quórum en la plenaria, dado que no se pudo eliminar la sombra de uno de los artículos del proyecto que daba vía libre a la llamada expropiación exprés.
El futuro del proyecto sólo se podría definir hasta marzo, cuando las plenarias del Senado, en donde también hace falta su estudio, y la Cámara lo puedan retomar; sin embargo, en ese momento es cuando volverán los congresistas que se quemaron en la nueva elección.
Otro notorio fracaso del Gobierno fue el trámite de la ley de sometimiento, la cual fue radicada por el pasajero ministro de Justicia, Jorge Eduardo Montealegre, quien terminó en problemas al interior de la administración Petro y en el Congreso no tuvo el apoyo en la Comisión Primera de la Cámara para sacar adelante esa ley, que daría beneficios judiciales a los grupos ilegales como el ‘clan del Golfo’, con los cuales se mantiene conversaciones.
El Congreso tampoco atendió el mensaje de urgencia al proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial, que en criterio del Gobierno es el paso histórico para el país, el cual fue elaborado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el acompañamiento de los ministerios de las TIC y de Educación, además del Departamento Nacional de Planeación, entre otros, y recoge aportes de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil.
Aunque también tuvo mensaje de urgencia en noviembre pasado, el proyecto de ley para la regulación justa y la democratización del sector energético, ni arrancó, pese a que el ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que este por ser una reforma sustancialmente la estructura regulatoria del sector, tampoco tuvo eco.
Quien sí se puede dar por muy bien librado en la legislatura fue el procurador general, Gregorio Eljah, a quien el Senado y la Cámara le aprobaron dos leyes en tiempo récord.
La primera se trató de la ley que elevó a la categoría de universidad el centro de altos estudios de la Procuraduría. La otra ley, la cual fue aprobada en la penúltima semana de sesiones en la Cámara es la ley de los 200 años de la Procuraduría.
Otras leyes que sí salieron en esta legislatura fueron las de herramientas pedagógicas de las artes y la cultura y de la transdisciplinariedad en los establecimientos educativos para fortalecer las competencias y los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; la que crea el fondo del emprendimiento de cafés especiales para el impulso del sector caficultor
Una de las leyes de alto impacto social y que ya tuvo el aval de la Corte Constitucional fue la que reglamenta la entrega anticipada de títulos en el proceso ejecutivo por alimentos debidos a un niño, niña y adolescente, conocida como la ley Sarita.
Una ley más en esa línea social es la que incluye a las juventudes rurales en el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural, se garantiza su acceso a la tierra a proyectos productivos, a formación académica y técnica. Otra ley aprobada fue la que crea medidas de política pública para la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones.
