Un grupo de trabajadores de Ecopetrol S.A, radicaron acción de tutela contra la compañía para que suspenda de manera inmediata el proceso de elección de su representante para la Junta Directiva por graves irregularidades en el proceso.
El caso que ya está en manos de la Rama Judicial busca frenar el proceso, que estaba programado inicialmente para los días 22 y 23 de enero de 2026, y luego anticipado abruptamente para el 14 y 15 de enero; sin justificación suficiente ni garantías democráticas.
El grupo de trabajadores accionantes, designó como líder y vocero a Ariel Corzo Díaz, trabajador activo de Ecopetrol desde hace más de 27 años y elector dentro del proceso, quien advierte que «la empresa modificó de manera unilateral el cronograma electoral, reduciendo los tiempos de verificación, divulgación de perfiles y socialización de propuestas, lo que vulnera derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido, el debido proceso administrativo, la participación democrática y la confianza legítima».
De acuerdo con la tutela, Ecopetrol había establecido desde el 16 de diciembre de 2025 un cronograma claro que fijaba la votación para los días 22 y 23 de enero de 2026, garantizando un periodo razonable para que los trabajadores conocieran los perfiles y propuestas de los candidatos.
No obstante, el 9 de enero de 2026, la compañía informó de un cambio sustancial en el calendario, cerrando anticipadamente la etapa de revisión de candidatos y adelantando la votación, lo que rompería las reglas de juego, afectando la igualdad de condiciones entre los postulados e impidiendo a los electores tomar una decisión informada.
En este orden de ideas, los trabajadores que rechazan esta situación solicitan urgente al juez constitucional ordene la suspensión inmediata del proceso electoral y
la inhabilitación temporal de cualquier mecanismo de votación electrónica,
hasta que se profiera una decisión de fondo que restablezca las garantías constitucionales.
Así mismo, advierten que de realizarse la elección bajo las condiciones actuales se configuraría un perjuicio irremediable, ya que el daño al derecho fundamental al voto sería irreversible y tornaría inocua cualquier decisión judicial posterior.
«El caso trasciende el ámbito interno de Ecopetrol y plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia, la democracia participativa y el buen gobierno corporativo en la principal empresa estatal del país. La tutela recuerda que Ecopetrol, como sociedad de economía mixta, está obligada a respetar los principios constitucionales que rigen los procesos democráticos, más aún cuando se trata de la representación de los trabajadores en su máximo órgano de dirección», afirma Corzo.
El propósito es garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales, y se preserve la legitimidad de la representación de todos los trabajadores ante la Junta Directiva de Ecopetrol.
