Según la entidad, los límites que existen para el valor de la vivienda de interés social, que se ajustan anualmente con base en el salario mínimo, son límites máximos, pero no automáticos, lo cual significa que no es obligatorio que el precio de la vivienda de interés social aumente 23%.
“Estos topes son límites máximos, no aumentos automáticos. Desde el gremio constructor no se han definido incrementos de precios”, afirmó la organización, presidida por Guillermo Herrera.
El gremio le respondió de esta manera al presidente, Gustavo Petro, que calificó como una estafa que el precio de la vivienda aumente al mismo ritmo del salario mínimo.
“Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva y le solicito a la superintendencia de vigilancia realizar las investigaciones y sanciones respectivas”, dijo el mandatario.
Camacol criticó a Petro por usar ese tipo de lenguaje de confrontación, en vez de buscar soluciones constructivas a favor de los usuarios.
“Su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable. Esa actitud contrasta con los principios de “política del amor” y “paz total” que usted mismo ha invocado como ejes de su Gobierno”, dijo Camacol.
“El aumento del salario mínimo tomó por sorpresa a toda la economía y se suma a un contexto ya crítico, en el que más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya”, agregó.
