«Manifestamos nuestro respaldo a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ante la orden de captura emitida por la sala tercera de apelaciones de lo penal de Guatemala. Esta medida, que dice basarse en hechos relacionados con su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es inaceptable para la sociedad colombiana y para los órganos de control que presidimos».
Así lo manifestaron este martes María Anayme Barón, auditora General de la República; Iris Marín, defensora del Pueblo; Gregorio Eljach, procurador General de la Nación; Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República; y Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, en un comunicado conjunto.
Los titulares de los organismos de control, derechos humanos y autoridad electoral aseguraron que Camargo «es reconocida por su integridad, transparencia y honestidad», valores que la llevaron a desempeñarse como jefe del Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig, entre 2014 y 2017.
«Esta medida judicial puede ser una retaliación por su lucha contra la corrupción y podría constituir una grave desviación de los principios del derecho internacional», precisaron Barón, Marín, Eljach, Rodríguez y Penagos.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la legalidad y la defensa de sus funcionarios que han dedicado su labor a fortalecer el Estado de Derecho tanto en Colombia como en Latinoamérica», manifestaron.
