Una delicada denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso en el centro de la controversia al alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, así como a funcionarios, contratistas y particulares que eventualmente podrían estar involucrados en presuntas irregularidades relacionadas con el actual proceso electoral.
La acción fue promovida por la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, quien radicó una denuncia penal ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Grupo de Delitos Electorales de la Fiscalía. Paralelamente, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
Según el documento, las autoridades deberán investigar presuntas conductas relacionadas con constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, intervención en política por parte de servidores públicos, uso indebido de datos personales y otros posibles delitos electorales.
Presunta estructura de presión política
De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia, existirían indicios sobre una supuesta estructura organizada al interior de la administración distrital mediante la cual funcionarios, contratistas y personal vinculado a diferentes programas habrían sido convocados o presionados para participar en actividades de carácter político-electoral.
La denuncia señala que dichas actividades estarían orientadas a respaldar una candidatura presidencial de sectores de derecha y contemplarían acciones como plantones, caravanas, jornadas de volanteo, recorridos comunitarios, ocupación de espacios públicos y actividades denominadas “Toma de Barrios” y “Toma de Semáforos”.
Uno de los aspectos más sensibles del expediente tiene que ver con denuncias según las cuales la participación en estas actividades no habría sido voluntaria. De acuerdo con información anónima anexada al proceso, algunos contratistas habrían recibido advertencias relacionadas con la continuidad de sus contratos, la renovación de órdenes de prestación de servicios y el pago de honorarios, en caso de no participar en las actividades programadas.
Documentos, chats y registros bajo análisis
Entre los elementos probatorios entregados a la Fiscalía figuran cronogramas de actividades políticas que involucrarían a distintas dependencias de la Alcaldía de Santa Marta. En los documentos aparecen mencionadas secretarías y oficinas relacionadas con Salud, Gobierno, Seguridad, Educación, Cultura, Hacienda, Infraestructura, Comunicaciones, Contratación, TIC y otras áreas de la administración distrital.
Asimismo, fueron aportadas capturas de conversaciones de WhatsApp que harían referencia a presuntas presiones sobre integrantes de los Equipos Básicos de Salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend.
La denuncia también incluye capturas de pantalla vinculadas a una plataforma denominada “votaciones.xyz”, donde presuntamente se impartían instrucciones para registrar información de ciudadanos, verificar puestos de votación y cumplir metas de inscripción de potenciales electores.
Fiscalía verificará autenticidad de las pruebas
La Superintendencia solicitó a la Fiscalía abrir formalmente una noticia criminal, identificar a los posibles responsables y establecer si recursos públicos, vehículos oficiales, programas sociales, bases de datos institucionales o tiempo laboral fueron utilizados para actividades político-electorales.
No obstante, María José Navarro Muñoz aclaró que varios de los elementos aportados provienen de denuncias anónimas y capturas suministradas por terceros, por lo que corresponderá a la Fiscalía adelantar los procesos de autenticación y verificación de las evidencias.
La funcionaria sostuvo que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían configurarse graves afectaciones a la transparencia electoral, la libertad del sufragio y el principio de neutralidad que debe regir a las administraciones públicas durante los procesos democráticos.
