Un hecho de extrema violencia estremeció al país cuando dos integrantes del Ejército Nacional fueron atacados con gasolina y fuego durante una operación militar en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo).
Las víctimas fueron identificadas como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, oriundo de Neiva, Huila, quienes sufrieron graves quemaduras tras ser rodeados por un grupo de civiles. Según las primeras indagaciones, estos habrían sido instigados por el grupo armado ilegal Comandos de Frontera 2, en un hecho que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como un “intento demencial de asesinato” y una “flagrante violación de los Derechos Humanos”.
La operación militar tenía como objetivo desmantelar un laboratorio clandestino de procesamiento de pasta base de coca. En medio de la intervención, cerca de 15 personas rodearon a los uniformados, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, en un acto que generó rechazo generalizado.
Estado de salud de los militares
Los soldados fueron evacuados inicialmente a Florencia (Caquetá) y luego trasladados al Hospital Militar Central de Bogotá. El subteniente Mejía presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo, mientras que Díaz registra lesiones en el 30 %, ambos bajo atención especializada en la unidad de quemados.
Reacciones oficiales
El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. A su vez, la Delegación de Paz advirtió que, si los Comandos de Frontera no rechazan públicamente este hecho, se suspenderán los diálogos en curso.
La Defensoría del Pueblo también pidió detener las negociaciones hasta que existan garantías de no repetición y un compromiso claro de respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Indignación en Huila
El caso ha despertado un fuerte clamor en el Huila, donde la comunidad expresó solidaridad con el soldado Sebastián Díaz y exigió mayor protección a las tropas en zonas de conflicto. Líderes sociales y organizaciones civiles demandaron una investigación rigurosa y sanciones ejemplares para los responsables de este crimen atroz.
