La Organización Sindical SINTRAELECOL y su Comisión Negociadora alertaron a la opinión pública nacional sobre el desarrollo del conflicto colectivo de trabajo que mantienen con la Empresa Electrificadora de Santander, al denunciar una negativa reiterada a la negociación colectiva por parte de la administración de la compañía.
De acuerdo con el sindicato, durante la etapa de arreglo directo se cumplió con la sustentación completa del pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Sin embargo, en la más reciente jornada de negociación, la empresa habría respondido con una postura cerrada y generalizada, negándose a discutir los puntos propuestos y dando por terminado el diálogo. Según SINTRAELECOL, la administración se amparó en supuestas regulaciones preexistentes para evitar el debate de fondo, lo que, a su juicio, desconoce el deber legal y constitucional de negociar de buena fe.
El sindicato advirtió que esta conducta vacía de contenido el proceso de negociación colectiva y vulnera derechos fundamentales del trabajo, consagrados en la Constitución Política de Colombia y en los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Estado colombiano.
La organización sindical consideró especialmente grave que este comportamiento provenga de una empresa pública, rentable y sostenible, encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento de Santander y que, además, hace parte del Grupo EPM. Según el sindicato, la situación que enfrentan los trabajadores contradice el discurso institucional del grupo empresarial sobre el respeto a los derechos laborales y humanos.
SINTRAELECOL señaló que la Electrificadora de Santander cuenta con cerca de 1.200 trabajadores directos, así como más de 3.500 trabajadores vinculados mediante esquemas de intermediación laboral, los cuales han sido cuestionados por decisiones judiciales y, según el sindicato, contravienen lo pactado en la convención colectiva vigente.
Ante este panorama, los trabajadores se encuentran en asambleas permanentes, evaluando las acciones a seguir, entre ellas la posibilidad de una huelga y movilizaciones en distintos puntos del departamento, como respuesta a lo que consideran un cierre definitivo del diálogo por parte de la empresa.
Finalmente, la organización sindical hizo un llamado a la ciudadanía, a las autoridades y a la opinión pública nacional para que sigan de cerca la evolución de este conflicto, advirtiendo que podría tener repercusiones sociales y territoriales significativas. El sindicato reiteró su disposición a retomar un diálogo serio y de buena fe, y afirmó que la responsabilidad de una eventual profundización del conflicto recae exclusivamente en la negativa empresarial a negociar.
