El creador de contenido y activista mexicano Samuel Adrián confirmó a través de sus plataformas digitales que un juzgado de la ciudad de Cali, Colombia, emitió una orden de arresto en su contra por un periodo de 10 días, acompañada de una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La medida judicial se deriva de un proceso de desacato en el marco de un litigio legal con el médico Mario Angulo, especialista vinculado a la clínica de género de la Fundación Valle del Lili. La disputa cobró relevancia pública tras la reciente difusión de un documental realizado por el ciudadano mexicano sobre los procedimientos de transición de género en menores de edad.
El origen de la controversia judicial
Según explicó el propio Samuel Adrián en su vídeo de denuncia pública, la sanción penal por incumplimiento se generó luego de que publicara una serie de grabaciones de audio en las que el profesional de la salud explicaba los efectos y protocolos médicos aplicados a pacientes menores diagnosticados con disforia de género.
«El juzgado de Cali ordena mi arresto por hacer públicas las grabaciones en donde el doctor Mario Angulo me contó sobre cómo los procedimientos a los que sometía a los menores de edad los dejaban infértiles (…). Es una orden de aprehensión por contarle al mundo lo que este doctor le hizo a Laura y a muchos otros niños», manifestó el afectado en su declaración oficial.
El caso ha generado un intenso debate en plataformas digitales y entornos políticos, donde sectores de opinión cuestionan si la medida vulnera el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, mientras que la contraparte legal argumenta presuntas violaciones a los derechos de autor, la reserva de las comunicaciones o el debido proceso.
Defensa legal internacional y solicitud de protección diplomática
Ante la orden emitida a la Policía Nacional de Colombia para proceder con la captura, Samuel Adrián anunció que su equipo jurídico, encabezado por la firma Hogares y Asociados en México, ya se encuentra coordinando las acciones correspondientes. Asimismo, confirmó que en el territorio colombiano cuenta con el respaldo de la organización Nueva Democracia para interponer los recursos de ley necesarios.
Debido a su condición de ciudadano extranjero, el documentalista elevó una petición formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país:
«Espero que el gobierno de México me proteja, así como ha protegido a políticos mexicanos cuando autoridades extranjeras han actuado injustamente en su contra. Esto es un ataque hacia mi libertad porque yo no cometí ningún delito», puntualizó.
Por el momento, las autoridades judiciales de Cali y los representantes de la institución médica no han emitido pronunciamientos adicionales sobre el alcance de la tutela o el fallo que originó la orden de desacato.
