La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció en su sentencia que el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López abusó de su cargo como director de la Policía Nacional al acudir personalmente al apartamento de la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para intimidarla y evitar la detención del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
El alto tribunal detalló en el fallo que el oficial utilizó su posición de poder para irrumpir en la esfera privada de la funcionaria. Según el expediente, Palomino se presentó en la residencia de Velásquez, ubicada en el norte de Bogotá, «no solo para transmitirle la propuesta sino para intimidarla». Su objetivo era frenar un operativo de captura contra Gallo Restrepo, señalado de lavado de activos y desplazamiento forzado.
La prueba fundamental que sustentó la condena fue una grabación realizada por la misma fiscal Velásquez durante el encuentro. En el audio quedó registrado cómo el entonces director de la Policía cuestionó la autoridad de la funcionaria e indagó «sobre el fundamento de su decisión», preguntándole desafiante si «el Fiscal General de la Nación sabía de esa determinación».
Para reforzar la presión, Palomino no dudó en alardear de sus conexiones políticas ante la fiscal de la Unidad de Análisis y Contexto. El fallo señala que invocó el estatus social del procesado y sus amistades, haciendo alusión directa al expresidente Andrés Pastrana y a Luis Alberto Moreno (entonces presidente del BID, a quien referenció como cabeza del Banco Mundial), advirtiendo que el arresto generaría un «escándalo judicial» porque se trataba de un hombre que ayudaba a los «desposeídos».
La Corte concluyó que esta conducta demostró «el poco respeto por el ordenamiento jurídico y a la autonomía de las decisiones judiciales». El tribunal enfatizó que el deber de Palomino, como máximo jerarca de la Policía, era colaborar con la justicia y ejecutar la orden de captura, no «ponerse al margen de la Constitución y de la Ley en beneficio de intereses mezquinos».
LA INTIMIDACIÓN FUNCIONÓ
La presión ejercida por el general tuvo consecuencias directas en el proceso penal. La Corte determinó que la «intimidación surtió efecto». Aunque la fiscal Velásquez no canceló el operativo inicialmente, su actuación posterior se vio viciada: «luego de escuchar en indagatoria al capturado lo dejó en libertad sin corroborar la prueba de descargo».
Esta interferencia entorpeció la función judicial imparcial. Para los magistrados, el actuar de Palomino generó en la sociedad la impresión de que «las autoridades favorecen a los procesados recomendados según la clase social a la que pertenecen y que la justicia es para los de ruana».
El fallo destacó la gravedad de los hechos al recordar a quién intentaba proteger el general. Palomino abogó por Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por «delitos graves como concierto para delinquir por promover grupos paramilitares y desplazamiento forzado al despojar a familias campesinas de sus tierras».
La Sala Penal concluyó que, al tener en sus manos la orden de captura, Palomino «se aprovechó de su rol funcional» para favorecer a este individuo, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Por estas razones, la Corte negó la tutela y ordenó que el oficial cumpla su condena de 84 meses en prisión de manera inmediata.
