La reforma del control notarial que prepara el Gobierno para las transmisiones de participaciones en empresas recibió un aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió reconsiderar el cambio por su impacto en la persecución del fraude y el blanqueo.
El CGPJ cuestiona la reforma del control notarial en transmisiones de participaciones
El CGPJ solicitó “de manera expresa” al Gobierno que reconsidere una disposición incluida en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Según el informe preceptivo del órgano de los jueces, la propuesta elimina la obligación de formalizar ante notario, mediante escritura pública, las transmisiones de participaciones sociales y la sustituye por un documento privado firmado electrónicamente, inscribible en una sección especial del Registro Mercantil.
El órgano de gobierno de los jueces pidió revisar la supresión del documento público por la “larga tradición” de este sistema en España y por la valoración que recibe en materia de control de delitos económicos. En su argumentación, el CGPJ citó la evaluación positiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el papel del control notarial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La propuesta ha generado una fuerte reacción en el notariado. Los notarios han advertido que, si la reforma se aprueba, se afectaría el flujo de información hacia el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, una base de datos que utilizan, entre otros, la Fiscalía y unidades policiales y tributarias en investigaciones sobre delitos económicos.
La base notarial y su uso en investigaciones: 385.000 requerimientos desde 2024
En una jornada organizada por la Fundación Notariado, el director de la base de datos del Consejo del Notariado puso cifras al volumen de consultas: desde el 1 de enero de 2024, el sistema ha recibido 385.000 requerimientos de información vinculados a blanqueo y financiación del terrorismo. Según ese recuento, las solicitudes han pedido datos de cerca de un millón de personas.
El informe del CGPJ recuerda que la información relevante de los documentos públicos se incorpora a esa base de datos y que su acceso por parte de poderes y administraciones públicas la convierte en una “medida relevante” para la investigación judicial de delitos económicos.
El debate se produce, además, con la presión pública de investigaciones de corrupción que han copado titulares en las últimas semanas. En ese marco, se mencionan procedimientos como el caso mascarillas y el caso Plus Ultra, este último vinculado a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por qué el CGPJ pide mantener la escritura pública junto al registro electrónico
El CGPJ subrayó que el control previo de la operación ante notario no equivale a un mero control registral posterior. En su informe sostiene que el sistema alternativo planteado tiene “un alcance e intensidad distintos” al control presencial en sede notarial.
Según los argumentos recogidos, la intervención notarial permite acreditar la identidad de los firmantes, su capacidad para realizar la transmisión, la legitimidad de la representación, la efectividad del consentimiento, la constatación de medios de pago y la propia legalidad de la operación. Para los jueces, ese conjunto de verificaciones se debilita si se reemplaza por un trámite exclusivamente electrónico.
En paralelo, desde el notariado se advirtió que la transmisión digital podría empeorar la calidad de la información registral y facilitar identidades falsas. En la jornada se citó como ejemplo que en otros países aparecen sociedades inscritas con titulares ficticios, y se alertó sobre la posibilidad de titularidades a nombre de personas fallecidas o la aparición de un “mercado negro” de titulares societarios.
