La discusión sobre el artículo 7 de la reforma a la justicia, que plantea la posibilidad de rebajas de penas para violadores y asesinos de menores, ha generado una intensa polémica en el Congreso de Colombia. Este artículo, que fue introducido bajo la justificación de descongestionar las cárceles, ha sido fuertemente criticado, especialmente por el impacto que podría tener sobre los derechos de los niños y adolescentes, considerados una población vulnerable.
Varios congresistas han expresado su rechazo frontal a la propuesta, argumentando que este tipo de crímenes no deberían recibir ningún tipo de beneficio judicial. Aunque no existe un acuerdo definitivo, la discusión sobre este artículo está lejos de resolverse, ya que hay diferentes posiciones en torno a cómo debe manejarse.
Decisiones en manos de los ponentes
El futuro del polémico artículo está en manos de los ponentes del proyecto, quienes sostendrán una reunión clave en los próximos días con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para evaluar el contenido del artículo y su posible eliminación o modificación.
El senador Germán Blanco, uno de los ponentes, indicó que aún no se ha llegado a un consenso y que la posibilidad de presentar varias ponencias está sobre la mesa. “Hay voces encontradas, varios no respaldamos el artículo séptimo, otros creen que hay que modificarlo y sacarle todo el tema de abuso sexual a menores”, afirmó Blanco, subrayando la complejidad del debate.
Posibles modificaciones al artículo 7
Algunos legisladores consideran que se debe eliminar cualquier tipo de beneficio para quienes cometan crímenes sexuales contra menores, mientras que otros abogan por una modificación que excluya únicamente a los delitos relacionados con el abuso de menores. Sin embargo, la oposición generalizada sugiere que el artículo podría ser retirado completamente del proyecto de reforma.
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La próxima semana será determinante para definir si el artículo 7 permanece, se modifica o se retira de la reforma a la justicia. Mientras tanto, la controversia continúa en medio de un debate nacional sobre los derechos de las víctimas y la necesidad de garantizar justicia para los crímenes más atroces.
